Cuatro días después del fin del toque de queda en cuatro provincias, el presidente Daniel Noboa acaba de decretar otro estado de excepción “por grave conmoción interna” en El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Durante 60 días se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. No habrá toque de queda.

Durante el actual gobierno, la mayoría de las provincias ha vivido en perenne estado de excepción. 

Se ha convertido en la columna vertebral del plan de seguridad que, con diferentes denominaciones y en varias etapas, dice tener el gobierno. Los aplica para combatir a los grupos de delincuencia organizada cuya ola de violencia parece no tener fin.

La Policía Nacional y el Ejército, mediante operativos coordinados se encargarán de “mantener el orden público, proteger a la población y prevenir actividades delictivas que afecten derechos y libertades ciudadanas”.

Organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación porque gran parte del territorio nacional permanece en constante estado de excepción y bajo la declaratoria de conflicto armado interno.

Si no se aplicara esas medidas, ¿hay otras alternativas con las cuales el Estado puede enfrentar a estos grupos delictivos, muchos de ellos, brazos ejecutores de los carteles del narcotráfico que han permeado casi todo el tejido social del país?

La respuesta es un no tácito. Si bien los resultados no son los esperados –imposible que lo sean–, la acción militar y policial permite dar cierta tranquilidad a la población.

Empero, esta nueva declaratoria causará polémica y abundarán preguntas y reclamos, relacionándola a los resultados del toque de queda.

Conviene, dentro de ese contexto, recalcar sobre la inseguridad en Cuenca. En lo que va de 2026 se han producido doce muertes violentas, la última este jueves al estilo sicariato. ¿Qué está ocurriendo?