Sara Briceño vive el suplicio de esperar la extradición del ciudadano investigado por la presunta violación de su hija hace más de cuatro años.
El hecho ocurrió en 2022 en Machala, provincia de El Oro, y generó grave conmoción social que llegó a conocerse como el ‘Caso Cristina’.
Tras las investigaciones, la fiscalía formuló cargos en contra del ciudadano Andrés S. El juez aceptó los cargos e hizo el auto de llamamiento a juicio.
En medio de la investigación, el ciudadano salió del país. Se emitió una alerta roja de Interpol para lograr su captura. Por esta razón, no ha sido posible instalar la audiencia por ausencia del acusado.
Abogado acusador
Gustavo García, abogado de Briceño, sostiene que la madre de la víctima ahora vive dos suplicios: uno por no poder extraditar a Andrés. S. y otro por vivir sin su hija, debido a que la custodia le fue otorgada al padre de la menor que en la actualidad tiene 12 años.
García lamenta que el caso se encuentre en una situación de total espera. La reactivación del juicio penal y la posibilidad de revertir las medidas de custodia de la niña dependen enteramente de las autoridades argentinas.
Proceso de extradición
El acusado fue capturado en Argentina en marzo de 2025, debido a una alerta roja de Interpol y la orden de prisión emitida por la Corte Provincial de El Oro.
Según se conoce, la Corte Nacional y la Cancillería han enviado todos los respaldos necesarios, pero el trámite está estancado bajo el marco jurídico argentino. El abogado lamenta que exista un plazo legal que determine cuándo se resolverá su extradición.
Retiro de la custodia
De acuerdo con el abogado, se abrió una investigación contra la madre por supuesta violencia psicológica.
Esto se basó en un peritaje psicológico que alega que la madre “le enseña a mentir” a la niña y que la violación no ocurrió, pese a la existencia del informe médico legal, dice García.
El abogado cuestiona que la perita psicóloga se haya tomado atribuciones que solo competen a los jueces.
Madre
Sara Briceño, madre de la víctima, indica que lleva unos cuatro años y medio “suplicando y mendigando” justicia para su hija en un proceso que califica como sumamente lento y revictimizante.
Es enfática al señalar que “el caso no avanza debido al poder y el dinero”. Explica que el padre del acusado es un coronel militar de alto rango que actualmente trabaja para el Gobierno, lo que, a su criterio, genera privilegios.
Sara expresa un profundo temor por la salud mental, la depresión y la integridad física de la niña. Advierte a las autoridades que la menor podría atentar contra su propia vida o escapar de esa vivienda si no actúan de inmediato para sacarla de ese entorno.
A la nueva presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, Briceño le exigió cumplir su promesa pública de realizar una “limpieza judicial” de elementos corruptos. Al ministro del interior, John Reimberg, le pidió ayuda para el agresor regrese al Ecuador a dar la cara en la etapa final del juicio y pague por el crimen cometido.
Antecedentes
El caso investiga la violación de una niña que tenía 7 años al momento del presunto delito. El acusado y procesado es su hermanastro, quien tenía 19 años en esa fecha.
El abogado García señala que existe un certificado médico legal que confirma la violación y el testimonio anticipado de la niña en la Cámara de Gesell.
Andrés S. tiene un auto de llamamiento a juicio ejecutoriado desde finales de 2024, no obstante, la etapa de juicio está suspendida porque en Ecuador este delito no puede ser juzgado en ausencia.
De ser hallado culpable, la pena podría ser de 19 a 22 años, y con agravantes podría llegar hasta los 29 años y 4 meses. (I)
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