La democracia se debilita cuando el rigor institucional se aplica con dureza a los ciudadanos y con flexibilidad al poder. La sanción electoral impuesta a integrantes de Yasunidos vuelve a poner este criterio en el centro del debate. Una multa de 18.000 dólares se sustenta, entre otros elementos, en una observación contable de 39 centavos y en la forma de presentación de ciertos documentos, aspectos que hoy se discuten en el ámbito legal.

La organización sostiene que cumplió con los plazos y que varias de las observaciones no están definidas como faltas graves en la normativa. Lo que se evidencia es una intervención de control que, por su alcance, puede terminar desincentivando la participación activa de la sociedad civil, con efectos directos sobre la vida democrática.

Esta medida se da en un contexto donde la Asamblea Nacional ha destinado alrededor de 30.000 dólares para trasladar sus sesiones fuera de Quito (4 jornadas hasta la fecha), sin una revisión pública equivalente sobre ese gasto. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud ha desvinculado a cerca de 150 profesionales y trabajadores en un escenario de alta demanda de servicios, con reportes de limitaciones en la atención médica y el acceso a medicinas. La medida responde a un objetivo de reducción del 1% en la planilla de recursos humanos.

El ejercicio del control institucional define los límites de la participación y la actuación pública. Cuando no se sostiene un criterio uniforme, la relación entre ciudadanía e instituciones se tensiona y la democracia pierde estabilidad en su funcionamiento cotidiano.