La nueva conformación del Consejo de la Judicatura debería (léase, debe) comprender de mínimos institucionales y de urgencias país.
Luego de las jugarretas —por parte de actores de órganos estatales— para impedir el constitucional y legal ejercicio del cargo de quien ostentaba la condición jurídica para presidir el Consejo de la Judicatura; del silencio de los entes de control; de las rápidas ternas remitidas; y de la clásica fórmula del Consejo de Participación para convertirse en ese engendro constitucional que se toma la institucionalidad del Estado, caben reflexiones que rebasan la coyuntura e imponen una reconducción del sistema. Mejor dicho, una dosis de ética y visión de país.
El Consejo de la Judicatura debe pasar de ser un órgano cuestionado en los últimos años a tener la talla necesaria para institucionalizar la justicia. Debe dotarla de herramientas tecnológicas, infraestructura y condiciones para su funcionamiento ágil, ético y efectivo. No se trata de amarres, sino de dignidad para la gente. Ya basta.
Por ejemplo, debe solucionar la ausencia de jueces y fiscales en diferentes cantones; conformar las judicaturas constitucionales dispuestas por consulta popular y cuya plazo ya feneció; dotar de jueces nacionales a la Corte; mejorar la infraestructura de los juzgados; evaluar; resolver las solicitudes -no atendidas- de jubilación de servidores; realizar el concurso de notarios; y, lo más importante, dejar de ser servil al poder de turno. Mejor servir a los ecuatorianos.
El Ecuador no puede desarrollarse ni será visto por Estados e inversionistas extranjeros, si se somete a un sistema judicial cuestionado, poco serio y debilitado por una atmósfera de persecución, escaso estudio del Derecho, improvisación y fatalismo constante desde los órganos públicos. Hay que ser serios. El sistema judicial permite que la paz florezca. Habilita un ambiente de armonía y confianza social.
No se trata de mínimos, sino de una convicción por hacer las cosas bien, que el Estado funcione, entregue respuestas y sea precisamente lo que debe ser: una construcción jurídico-política destinada a satisfacer y atender las necesidades de su gente, no de grupos, menos aún de bandas y bandidos.
Mire: si la justicia funciona, el Estado deja de ser solo apariencia; los derechos dejan de ser promesas; y el tejido social abandona el vaciamiento. Hay que marcar un norte. Hay que depurar el sistema. Seamos serios. Hay que tener talla de funcionario público, no de arribista. (O)
@jchalco
