La CONAIE resolvió desistir del proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, una iniciativa liderada por algunas organizaciones sociales.

Aquel es un mecanismo constitucional. Ejecutarlo resulta un trámite largo, comenzando por la recolección de firmas en porcentajes según la categoría de la autoridad a la cual se la quiere revocar el mandato.

Los intentos, salvo una que otra excepción, por lo general han fracasado, siendo los propios impulsores los que dieron marcha atrás, sea por falta de apoyo, cuanto por la cantidad de trámites y hasta por temor, por ejemplo si se descubre que las firmas de respaldo no son auténticas.

Las razones esgrimidas por la  CONAIE, una organización omnipresente en la lucha social contra los diversos gobiernos, en la mayoría de los casos con consecuencias fatales, no se las debería interpretar como signo de debilidad. 

Más bien, su análisis del momento político que vive el país dice mucho de lo que está ocurriendo con la democracia, las libertades, la institucionalidad, la justicia, el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, con una autoridad electoral con sesgos oficialistas. 

Dice, por ejemplo, que la revocatoria “es inviable en el contexto actual de nula institucionalidad y limitadas condiciones democráticas”.

Cada sector político, cada ciudadano, los diversos analistas, sabrán cuadrar ese sentir dentro del contexto en el que se desenvuelve el país. Naturalmente que no es el mejor si se juzga con objetividad.

Es factible que con la reflexión de la CONAIE coincidan muchos otros sectores. No será una señal sometimiento; sí de pragmatismo al estimar que la revocatoria “no resuelve la vida de la gente”; y una eventual sucesión presidencial “no garantiza cambios reales…”.

Conviene reflexionar sobre si la “muerte cruzada” y la consiguiente sucesión ha significado un cambio real y profundo; ¿o el Ecuador está igual o peor?