Rendir cuentas se ha convertido un ritual obligado para las autoridades de elección popular. También para quienes dirigen las instituciones públicas, como para los que están al frente de los organismos de control, de la administración de justicia, superintendencias, y hasta los medios de comunicación.
Se trata de un ritual obligado por la ley, por el que casi nadie parece interesarse. Las encuestadoras deberían preguntar a los ciudadanos si creen en esos informes, si deveras les importa.
Cuando menos ahora, a diferencia de lo que ocurría hacía varios años, ya no se ven actos suntuosos en los cuales quienes rendían cuentas se sentían en un pedestal, casi que endiosados. Previamente los entrenaban para leer las maravillas que sobre su gestión les escribían sus asesores, y con PowePoint de por medio.
Los elegidos mediante el voto, se sobrentiende que rinden cuentas en base a sus planes de trabajo presentados, cuando candidatos, ante el Consejo Nacional Electoral.
Aquellos planes no son más que listados de buenos deseos. No inciden mayormente al momento de la votación, no así lo que prometen y ofrecen olfateando las necesidades colectivas, más lo que a la gente le gusta oír.
El pueblo sabe, y de sobra, si esas promesas se están cumpliendo. No hay mejor metodología comprobatoria que sopesar el bolsillo, ver si el estómago está lleno, al menos en parte; si hay trabajo estable, si los servicios públicos le dan como se merece; y, aunque muchos no lo crean, hasta de si está respetando la democracia, haciendo efectiva la separación de poderes…
Lo cierto es que, tras la rendición de cuentas, pocos o nadie confrontan, comparan, juzgan, reclaman.
Mejor fuera que los responsables digan: esto no hice, esto no pude, esto no respeté, en esto me extralimité, es decir, algo de sinceramiento y franqueza.
Lo otro no es más que una retórica de la mal concebida participación ciudadana.