La democracia no empieza en los grandes discursos presidenciales ni termina en las urnas nacionales. A veces nace en espacios mucho más pequeños: en un aula donde dos estudiantes pueden discrepar sin miedo, en una conversación incómoda en un café universitario, en un foro donde alguien cuestiona a una autoridad sin ser señalado por ello. La universidad, quizá más que cualquier otro espacio social, debería ser el laboratorio natural de esa práctica democrática. Allí el disenso no tendría que ser una amenaza sino una condición necesaria del aprendizaje. Por eso los procesos democráticos universitarios importan tanto. No solo eligen representantes, también enseñan -o deberían enseñar- cómo convivir con la diferencia.
Pero la democracia no puede existir únicamente desde la libertad; necesita también responsabilidad. Vivimos tiempos de violencia política digital, de cuentas falsas, insultos anónimos, plataformas seudomediáticas y operaciones coordinadas para destruir reputaciones. Frente a eso, es lógico que las instituciones intenten construir códigos de ética y reglamentos. El problema aparece cuando se cree que la democracia puede sostenerse únicamente desde la regulación. La historia demuestra que las sociedades democráticas no se fortalecen prohibiendo, sino educando. Se puede y se debe promover civismo, sancionar moralmente la mentira y aplicar la ley cuando exista calumnia o difamación. Lo peligroso es cruzar esa línea donde el intento de ordenar termina restringiendo derechos fundamentales.
La libertad de expresión es frágil precisamente porque suele debilitarse no con censuras explícitas, sino con mecanismos que producen autocensura. Durante los años más tensos del correísmo, organismos internacionales advirtieron cómo ciertos marcos regulatorios podían generar miedo, silencios y limitaciones indirectas al debate público. Por eso preocupa que puedan discutirse normas, en el ámbito universitario, que se interpreten como restricciones para que candidatos debatan libremente o expongan sus propuestas fuera de los espacios autorizados institucionalmente. Más todavía cuando no se trata de administrar una empresa privada, sino de conducir una institución que se debe a la sociedad, que forma ciudadanos y que además mantiene vínculos y recursos públicos. Una autoridad universitaria no puede pedir confianza mientras reduce espacios de deliberación pública.
Si comenzamos a normalizar restricciones democráticas en espacios pequeños, luego será mucho más difícil defender libertades en escenarios mayores. La universidad debería ser el lugar donde mejor se practique la democracia, no donde se ensaye su reducción. (O)
@avilanieto
