No es fácil escribir sobre dos fenómenos que han corroído profundamente a nuestras sociedades: el narcotráfico y el lavado de activos. Quien la denuncia se expone incluso a perder la vida, como lo demuestra la historia con ex candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, cuyo destino evidencia hasta dónde pueden llegar estos poderes, cuyos responsables intelectuales se encubren en narrativas que buscan desviar la verdad.

Aun así, y pese a los riesgos, es imprescindible alzar la voz. Es un deber ciudadano hacer un llamado firme a las autoridades y a los líderes políticos para que asuman su responsabilidad y actúen con decisión. El silencio, en estos casos, también es una forma de complicidad.

Hoy quiero advertir sobre una realidad que ya no se puede ocultar. Cuenca, reconocida durante años como un símbolo de seguridad y paz, está dejando de serlo. La irrupción de la narcopolítica y el narcotráfico no es un riesgo futuro: es una realidad presente que está degradando el entorno y empujando a la ciudad hacia un escenario cada vez más dominado por actividades ilícitas. 

A esta problemática se suma otro delito de igual gravedad: el lavado de dinero. Este proceso consiste en dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos ilícitamente. Se desarrolla en tres etapas: la colocación, que introduce el dinero en el sistema financiero; la estratificación, que dificulta su rastreo mediante múltiples transacciones; y la integración, que reincorpora esos fondos a la economía formal a través de negocios aparentemente legítimos.

Una señal preocupante es la proliferación de determinados negocios. Sectores como sistemas financieros, empresas de fachada, inmobiliarias y construcciones, concesionarias de vehículos, farmacias, restaurantes…  muestran un crecimiento que, en algunos casos, resulta difícil de explicar. Personas que antes enfrentaban limitaciones económicas hoy desarrollan proyectos de gran envergadura, comparables a los de grandes grupos empresariales.

Un ejemplo evidente es el de las farmacias. Antes, su establecimiento estaba sujeto a regulaciones estrictas. Hoy, en cambio, se multiplican sin control aparente. En sectores como Challuabamba o la avenida 24 de Mayo, cerca del Hospital del IESS, se concentran más de una decena de establecimientos en apenas dos o tres cuadras.

El Ministerio de Salud, que antes hacía respetar estas disposiciones, hoy brilla por su ausencia. Y no es el único: otras entidades llamadas a controlar e investigar el lavado de dinero han optado por el silencio y la inacción. Frente a esto, la duda deja de ser ingenua y se vuelve inevitable: ¿se trata solo de incapacidad o de instituciones que han sido permeadas por el dinero sucio? (O)