Tres casos de ajusticiamiento por parte de ciudadanos contra presuntos responsables de asesinatos y robos se registraron en los últimos días en Ecuador. Ocurrieron en Chordeleg, Palora y Tena.
Estos hechos reflejan la creciente desconfianza de la población en el sistema de justicia y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad y sancionar a los delincuentes.
En Chordeleg, en Azuay, la población ajustició a dos sujetos el último 28 de mayo luego de que participaron en el asalto a la joyería Chordeleg, donde fue asesinado con disparos el propietario del local.
En Palora, en Morona Santiago, en cambio el 31 de mayo los habitantes lincharon a dos hombres a quienes los acusaron del sicariato de Cristian Waam, exasambleísta de esa provincia.
En Tena, en Napo, en el sector de Pumayaku, en El Pano, pobladores capturaron a un hombre y lo castigaron en la calle porque lo acusaron de reiterados robos en la zona. Un video del castigo se difundió en redes sociales.
Desconfianza
Para Paúl Torres, sociólogo e investigador en desarrollo de la sociedad, los ajusticiamientos reflejan una profunda crisis de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
“Cuando la ciudadanía percibe que los delitos quedan impunes o que los procesos judiciales son lentos, algunas personas concluyen que el Estado no puede protegerlas ni sancionar a los responsables de manera efectiva…”; dijo.
Explicó que a esta percepción se suma el impacto emocional de la violencia, pues los asesinatos, robos y extorsiones generan miedo, indignación y deseos de castigo inmediato lo que deriva en respuestas colectivas.
Acotó: “hay que entender que la justicia por mano propia suele profundizar los problemas sociales, porque debilita el Estado de derecho, aumenta la violencia y abre la posibilidad de castigar a personas sin pruebas suficientes…”.
Responsabilidad
Italo Molina, abogado e investigador en justicia indígena, advirtió que la justicia por mano propia también puede llevar a la cárcel a quienes participan en estos hechos de violencia.
Indicó que el Código Orgánica Integral Penal (COIP) establece que si una persona golpea a un sospechoso y le causa lesiones, puede enfrentar penas privativas de libertad que varían según la gravedad de las heridas.
En caso de muerte puede ser juzgado con una pena de cárcel que puede ir hasta los 26 años, pues la condición de presunto delincuente de la víctima no elimina responsabilidad de alguien que le cause la muerte.
“Si la agresión provoca la muerte de la persona retenida o atacada, los involucrados podrían ser procesados por homicidio o incluso asesinato, lo que es sumamente grave…”, afirmó.
Añadió “la responsabilidad puede alcanzar a todos quienes intervengan en el hecho. Quienes golpean, incitan, colaboran o impiden que la víctima reciba ayuda podrían ser investigados y sancionados por la justicia penal (…)”.
Concluyó: “aunque la indignación social es comprensible, la justicia por mano propia puede derivar en nuevas víctimas, procesos penales y sanciones severas para quienes participen en estos actos…”.
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