No pocos leerán entre líneas la decisión del gobierno ecuatoriano, que horas antes de las elecciones presidenciales en Colombia eliminó la tasa de seguridad o arancelaría, vigente desde enero de 2026.
La confirmó ni bien conocer los resultados que, sorpresivamente, dan el primer lugar al candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, a quien el presidente Noboa lo felicitó, como lo hubiera hecho si era Paloma Valencia.
Pero otro factor volvió más polémica la resolución: la Cancillería colombiana informó que la derogatoria responde a disposiciones de la Comunidad Andina (CAN), no a que haya algún acuerdo político con de la Espriella.
En efecto, semanas antes la CAN tomó una resolución administrativa mediante la cual pidió a los dos gobiernos eliminar la tasa arancelaría. El del vecino estuvo dispuesto a acatar; no así el del Ecuador, precisamente porque apenas era una decisión administrativa.
Coincidencia o no con el plazo dado por el organismo regional, se conocen los resultados electorales y el presidente Daniel Novoa deroga la tasa, cuya vigencia llevó a que el comercio bilateral se volviera casi a cero, amén de otros daños económicos irreparables.
El gobierno del vecino país considera que la actitud de su par ecuatoriano es una intromisión en su “devenir democrático”; pero que acatando el planteamiento de la CAN también derogará la tasa que, como contrarréplica, dictó en contra de Ecuador.
En tal contexto, queda para el análisis político, aun para la suspicacia, la decisión del gobierno ecuatoriano de aplicar la tasa de seguridad en tiempos electorales en el vecino país; y la de derogarla tan pronto, incluso horas antes, de conocer los resultados electorales, convencido, de que el candidato opuesto al “Petrismo” también ganará el balotaje.
Son los “puntos ciegos” que a veces tiene la política internacional. (O)