Hace 15 meses se debió posesionar al nuevo fiscal general del Estado, en reemplazo de Diana Salazar, pero, el concurso no empezó a tiempo y el período de la exfuncionaria culminó sin que se haya nombrado a su sucesor; hasta la fecha el proceso no concluye y sigue acumulando retrasos.

El 17 de julio del 2026, tras 35 días de que el concurso se suspendió, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dispuso que se lo retome en la etapa en la que se encontraba, es decir, en la primera, la de calificación de méritos (títulos y experiencia).

Aunque el concurso finalmente se destrabó y podrá avanzar a las siguientes etapas, las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán insistieron en rechazar la forma en se ha manejado el proceso, por las inconsistencias en el trabajo de la Comisión de Selección.

La suma de los retrasos

En enero del 2026 el Cpccs posesionó a la Comisión Ciudadana de Selección, la cual está a cargo de llevar adelante el concurso, a cuyos miembros se les otorgó cuatro meses para que designen al nuevo fiscal, este plazo se venció en mayo, sin que se haya nombrado a la nueva autoridad.

Posteriormente, en abril del 2026, la Comisión, de acuerdo a cómo había avanzado el proceso, anunció una nueva fecha para la designación del fiscal general, que ahora sería agosto del 2026; a un mes de cumplirse este nuevo plazo, es claro que tampoco se concluirá el concurso en esta fecha.

Adicionalmente, hace 35 días el concurso se detuvo por un desacuerdo entre la Comisión Ciudadana de Selección y el Pleno del Cpccs, por la aprobación del informe final de méritos; a esto se sumó que el organismo se quedó incompleto, el proceso se retomó una vez que se posesionó el nuevo consejero, Johnny Escobar.

Autoridades prorrogadas

Los constantes retrasos en el concurso han llevado a que el país se mantenga con fiscales prorrogados en funciones y encargados, sin tener una autoridad oficialmente elegida.

El período para el que fue seleccionada la exfiscal general Diana Salazar concluyó el abril del 2025, a partir de esa fecha se debía posesionar la nueva autoridad, pero, no se había designado su reemplazo, por lo que se prorrogó en funciones, hasta el 20 de mayo del mismo año, cuando presentó su renuncia.

En lugar de Salazar asumió el fiscal subrogante, Wilson Toainga, quien renunció el 21 de noviembre del 2025, desde entonces está a cargo de la Fiscalía General del Estado Carlos Alarcón, quien no ganó ningún tipo de concurso, sino que fue designado por el Consejo de la Judicatura.

Para Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación del concurso, es claro que el retraso del proceso de selección tiene una intención: mantener en el cargo, de manera indefinida, al fiscal Alarcón, quien sería afín al Gobierno.

“Hay un interés por dilatar el proceso, lo que significa que el fiscal encargado permanece de forma indefinida, eso le hace mucho daño al sistema de justicia ecuatoriano y a la Fiscalía, porque además es un fiscal subrogante, del subrogante”, afirmó el observador.

“Un zapato chino”

Para definir la encrucijada en la que se encuentra el país, con respecto al concurso de fiscal general del Estado, el observador internacional Jaime Arellano lo calificó como un “zapato chino”, es decir, un problema del que es muy difícil salir con un resultado positivo, porque cualquiera de los escenarios puede resultar perjudicial.

“Lo ideal sería poder elegir a la persona más idónea, en medio de un proceso transparente; pero, hasta el momento la Comisión de Selección no ha mostrado transparencia, se han visto una serie de irregularidades e incumplimientos de estándares internacionales, además de la inclinación por un candidato”, afirmó el experto.

Sin embargo, para Jaime Arellano, no todo está perdido, pues de acuerdo con el análisis que realizó la Misión a la trayectoria de los concursantes, entre estos sí existen personas probas, con preparación académica adecuada y, sobre todo, son independientes del poder económico o político; aunque existe una intencionalidad de no escogerlos.