Luego de la inseguridad, que continúa siendo el principal problema del país, según la encuesta CIEES, el dato más relevante para el gobierno quizá se encuentre en otro lugar. El estudio muestra que el eje conformado por mal gobierno y corrupción alcanza el 22 % de las preocupaciones nacionales, mientras la aprobación presidencial se ubica en 26 % y la confianza en apenas 23 %. Son cifras que revelan que junto al temor provocado por la violencia comienza a crecer otro fenómeno: el cuestionamiento a la forma en que se ejerce el poder.

En ese contexto aparece el caso PROGEN. Como ocurre en toda democracia, serán los organismos competentes los que determinen responsabilidades. Pero la opinión pública no espera sentencias para construir percepciones. Lo que observa es una sucesión de noticias que vinculan al gobierno con cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en uno de los episodios más sensibles de los últimos años: la crisis energética.

La situación adquirió una dimensión distinta cuando se difundieron audios que sugerirían intentos de influir en los procesos de fiscalización política relacionados con el caso. La pregunta pública ya no es solamente si existieron errores o irregularidades, sino si las instituciones encargadas de fiscalizar pueden actuar con independencia. Ese cambio de encuadre es particularmente delicado porque alimenta precisamente la categoría que más crece en la percepción ciudadana: la del mal gobierno y la corrupción.

Los gobiernos suelen resistir errores; lo que rara vez sobreviven es a las contradicciones. Daniel Noboa construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de renovación frente a las prácticas de la vieja política. Por eso el problema político de Progen no radica únicamente en lo que determinen las investigaciones judiciales. El riesgo está en que una parte creciente de la ciudadanía comience a asociar al gobierno con aquello que prometió combatir. Esa suele ser una de las crisis más difíciles de revertir.