En Cuenca se elegirá a 105 vocales de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Ellos integrarán los 21 GAD parroquiales que hay en este cantón. Los integrantes que tengan mayor votación serán los presidentes por el periodo de cuatro años de gestión que tienen estas instancias de gobierno.
Esto, de acuerdo con el artículo 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que también determina que el segundo vocal más votado será el vicepresidente.
Estos niveles de gobierno reciben una asignación mensual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero también del Municipio de Cuenca por medio de los presupuestos participativos.
El MEF estableció para 2026 un estimado de 7.690.665,27 dólares para los 21 GAD parroquiales de Cuenca. Por ejemplo, para Baños son 594.421,77 dólares; para El Valle, 787.403,19; y para Ricaurte, 595.848,63.
Mientras que la municipalidad en 2026 les entrega 9.341.051,18 dólares. A Baños van 732.347,71 dólares; para El Valle, 1.006.065,59; para Ricaurte, 763.976,38; y para Sinincay, 717.984,56.
Sueldos: máximo y mínimos
Asimismo el Ministerio del Trabajo (MDT) fijó máximos y mínimos para los GAD parroquiales mediante el Acuerdo MDT-2025-179. La remuneración de los presidentes depende de la asignación anual que recibe cada junta del MEF.
Para los presidentes, el piso es el Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 482 dólares. El techo llega a 1.180 cuando el GAD parroquial recibe hasta 92.000 y a 1.380 cuando la asignación está entre 92.001 y 262.200.
Si la asignación está entre 262.001 y 500.000, el techo es de 2.100 mensuales. Cuando supera los 500.000, el máximo llega a 2.300. Cada junta debe fijar el valor dentro de estos límites.
Los vocales no tienen un sueldo único. El acuerdo señala que su remuneración debe sujetarse al COOTAD y no puede superar el 40% de lo que recibe el presidente. Cada GAD parroquial debe establecer su valor mediante su normativa.
En Cuenca, por ejemplo, El Valle recibe más de 787.000 dólares anuales del MEF y Baños unos 594.000, por lo que ambos están en el grupo cuyo techo presidencial es de 2.300 dólares. El sueldo real depende de cada resolución.
Transferencias del Municipio de Cuenca
Análisis de experto
Estos GAD tienen un papel de cercanía con la población, pero sus competencias y recursos generan cuestionamientos. Para Jorge Moreno, exjuez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), hay un problema de representatividad electoral.
Moreno sostuvo que ciudadanos empadronados en zonas urbanas que ahora viven en áreas rurales siguen votando por concejales urbanos. A su juicio, esto resta legitimidad y evidencia diferencias poblacionales entre parroquias.
El exjuez también advirtió sobre los límites de las juntas. Explicó que sus atribuciones suelen ser de gestión compartida con municipios y prefecturas y que no pueden emitir ordenanzas, sino reglamentos complementarios.
Por ello, planteó una reforma constitucional que permita organizar los GAD según su población y necesidades. Consideró que no resultaba adecuado aplicar un modelo uniforme a territorios con realidades muy diferentes.
Desde otra perspectiva, Lauro Pesántez, vocal del GAD de Cumbe, cuestionó el limitado margen de acción de quienes ocupan estos cargos. Señaló que el artículo 68 del COOTAD les asigna funciones legislativas y fiscalizadoras.
Pesántez explicó que la fiscalización es débil porque los vocales no tienen facultades sancionadoras y deben remitir irregularidades a organismos como la Contraloría General del Estado (CGE). El presidente concentra la administración.
El vocal reconoció que hay la percepción ciudadana de que los vocales solo asisten a cobrar un sueldo. Sin embargo, sostuvo que su presencia responde a un mandato legal y que sus remuneraciones dependen de cada junta.
Para Pesántez, el desafío está en cambiar esa percepción mediante capacitación. Los vocales, afirmó, debían preparar a la población para participar en asambleas y decidir las prioridades del presupuesto participativo.
Transferencias del Gobierno Nacional
Propósito se ha desviado
Rubén Calle, dirigente parroquial y presidente del Colegio de Abogados del Azuay (CAA), recordó que las juntas nacieron con la idea de convertirse en gobiernos de cercanía y en un puente directo entre autoridades y ciudadanos.
Calle considera que ese propósito se ha desviado y que muchas juntas se transformaron en unidades ejecutoras con una creciente burocracia. A su criterio, una parte importante de los recursos terminaba en gastos administrativos.
Afirmó que esta situación reduce el dinero de la inversión pública y debilita la planificación. Además, aseguró que varias juntas dejaron de ejecutar planes estratégicos parroquiales para concentrarse en acciones de carácter clientelar.
Las tres visiones coinciden en que el debate no debe centrarse únicamente en cuánto recibían las autoridades. También tiene que analizarse qué competencias tenían, cómo usaban los recursos y cuánto impacto generaban.
Para Moreno, Pesántez y Calle, fortalecer estos gobiernos exige revisar sus competencias, mejorar la fiscalización y recuperar la participación ciudadana. El objetivo debe ser que los recursos se traduzcan en resultados.
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