Que, en ocho años de vigencia de un contrato para operar diez radares en Cuenca, las multas por exceso de velocidad sumen 17 millones de dólares, revela el total irrespeto a las disposiciones en materia de tránsito.

No de otra manera se puede explicar esa millonaria recaudación, de la cual, el 63 % es para la Empresa Municipal de Movilidad (Emov) y el 37 % para Traffic Safyet, empresa privada a cuyo cargo está la operación de aquellos dispositivos.

Ese dato proporcionado por la Emov, más allá de los cuestionamientos y diatribas que la ciudadanía expresa a través de las redes sociales, debe, una vez más, llamar la atención de todos los involucrados en la movilidad.

Y estaría incompleto si no se anota que el exceso de velocidad provoca accidentes de tránsito cuyos saldos son muertos, orfandad, heridos, algunos de los cuales quedan en sillas de ruedas, a más de los grandes perjuicios económicos.

Los radares, aquí y en cualquier parte de mundo, sirven para controlar los límites de velocidad determinados por la autoridad.

No son, en sí mismo, dispositivos colocados para recaudar dinero a raudales.

Los choferes que no respetan esos límites, sea por ebriedad, por apuro, por desconocimiento o, simplemente, porque poco les importa, son los que nutren el sistema de multas. De allí tan escalofriante recaudación.

Fuera lo contrario si la conducción v se practicara, como dice un slogan disuasivo, “con la cabeza”.

No pocos querrán que desaparezcan los límites de velocidad, con lo cual tampoco serán necesarios los radares; o que, como ocurre la vía Cuenca-Azogues, esos aparatos estén como adorno.

Cosa muy diferente es que, al terminar el contrato, la Emov se quede con toda la infraestructura tecnológica, tal como lo dice una de las cláusulas, y la opere por su cuenta. A esto hay que apuntar.

Si todos acatan los límites de velocidad los radares no multan.