Si regresamos en la historia, los sectores políticos siempre se han repartido la justicia en el país, los que han cambiado son los mecanismos que han utilizado para hacerlo y, según expertos, con el actual Gobierno la situación no es diferente.

Entre los gobiernos de León Febres Cordero y el de Alfredo Palacio el reparto era público, pues los cargos en las altas cortes y los organismos de control se los distribuían abiertamente en el Congreso Nacional.

En este tiempo, la injerencia del Partido Social Cristiano (PSC), sobre todo en los juzgados del Guayas, fue constante y se mantuvo hasta hace poco; así quedó en evidencia cuando se detuvo al exasambleísta de esta organización política, Pablo Muentes, en marzo del 2024, quien manejaba a su antojo la corte provincial.

La metida de mano de Correa

Con el Gobierno de Rafael Correa, según Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se creó uno de los organismos más nefastos que han existido en el país: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con el que la repartición política de la justicia dejó de ser transparente y se volvió “tapiñada”.

“Con la Constitución de Montecristi se creó una falsa meritocracia, con la que se hace creer a la ciudadanía que existe independencia de poderes y que se elige a las autoridades por sus méritos, cuando siguen siendo los gobiernos de turno los que los designan”, afirmó Alarcón.

Hoy la situación es diferente

Para Ciro Guzmán, secretario del directorio de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), los mecanismos que el actual Gobierno ha empleado para cooptar el sistema de justicia son diferentes, pero, sobre todo, tienen ahora un distinto fin, que ya no solo es político, sino económico.

“No solo vemos un Gobierno interesado en afectar la independencia judicial, sino un Gobierno con tintes dictatoriales, que usa la justicia para estos propósitos, eso es grave; además, busca favorecer a sus negocios y tapar la corrupción”, afirmó Guzmán.

Para el jurista, el hecho más evidente de la injerencia del poder político en la justicia, durante el actual Gobierno, es el caso Progen, en el que, gracias a tener de su lado al fiscal general, ha logrado que ninguno de sus ministros sea vinculado a una estafa que le dejó al país una pérdida de 104 millones de dólares, esto a cambio de que el fiscal gane el concurso y permanezca en el cargo.

¿Cuál es la solución?

Aunque consideran que la desaparición del Cpccs sería un paso importante, para ninguno de los expertos la solución está en pasar la potestad de elegir las autoridades a la Asamblea, a menos que se establezca un verdadero control entre funciones del Estado.

“En Chile ha funcionado muy bien el control cruzado de las tres funciones del Estado; por ejemplo, el fiscal lo nombre el presidente de la República, pero, la lista la propone la Corte de Justicia, la cual pasa con el control del Senado”, afirmó Alarcón.

El experto considera que incluso en Ecuador existió un sistema que funcionó bien, el que nació de la Constitución de 1998, que permitía un cambio interno de la Corte Suprema de Justicia y en el que el sector político no incidía, sin embargo, solo duró cinco años y el poder político volvió a cooptar la justicia.

El silencio de los críticos

En 2011, cuando el expresidente Rafael Correa impulsó la reforma a la justicia y estableció una nueva forma de administración, con el Consejo de la Judicatura a la cabeza, las voces críticas no se hicieron esperar, incluso uno de sus aliados, el movimiento Ruptura, se separó de Alianza PAIS por este tema.

Desde el exterior, gobiernos como el de Estados Unidos, así como organismos entre los que estaban la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, entre otros, insistía en que la independencia judicial estaba amenazada en Ecuador.

Sin embargo, actualmente, las voces críticas son muy pocas, para Ciro Guzmán esto se debe a que la gente tiene temor a represalias y prefiere callar; mientras que para Mauricio Alarcón a la sociedad ya no le interesan estos temas, pues la inseguridad se ha convertido en su principal preocupación.

“Cada vez existimos menos voces críticas, pese a que la situación que se está viviendo es grave, pero, a la gente no le interesa, porque está más preocupada en llegar a la casa bien, sin que le roben o le maten”, señaló Mauricio Alarcón.