La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta valiosa para el trabajo jurídico si se utiliza para ordenar expedientes, identificar hechos relevantes, localizar normativa y jurisprudencia y advertir contradicciones o riesgos. Su mayor aporte no debería ser decidir quién tiene la razón, sino mejorar la capacidad de análisis de abogados, jueces y servidores públicos.

Sin embargo, incorporar IA al Derecho también exige cautela. Un sistema entrenado con bases de datos incompletas puede reproducir sesgos de representación o históricos, privilegiando ciertos criterios jurisprudenciales y dejando otros fuera. A ello se suma el riesgo de automatización: aceptar una recomendación algorítmica como correcta solo porque proviene de una tecnología sofisticada.

Por eso, la gobernanza de estas herramientas debe apoyarse en transparencia, trazabilidad, auditorías periódicas y, sobre todo, supervisión humana significativa. Cada fuente debe poder verificarse y cada recomendación debe ser cuestionable. La IA puede hacer más eficiente la justicia, pero no puede asumir la responsabilidad de juzgar. Cuando están en juego derechos, debido proceso y acceso a la justicia, la decisión final debe seguir perteneciendo al ser humano. (O)

X: @monicabanegasc