Crece la preocupación en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, así como en América Latina, observatorios ciudadanos y organismos internacionales por el evidente deterioro de la democracia en Ecuador. Pese a los reiterados llamados de la OEA, la CIDH, la ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, el gobierno de Noboa ha mostrado poca o ninguna voluntad para atender alertas sobre la necesidad de fortalecer las garantías democráticas, la independencia de las instituciones y la protección de los derechos políticos. Al contrario, ha reforzado la denominada “guerra interna” como eje de su política de seguridad, sin detenerse a analizar sus resultados. Su narrativa artificiosa, opaca y desconectada de la realidad le impide ver que uno de los efectos más evidentes de su “estrategia de seguridad” es el incremento delincuencial y de la violencia en distintos puntos del país. Todo ello ocurre en medio de un proceso electoral cuestionado por la evidente desigualdad de condiciones entre los actores políticos y por decisiones institucionales que alimentan la percepción de una utilización de la justicia contra determinados adversarios. La impunidad debe ser combatida con firmeza, sin duda, pero también debemos rechazar las prácticas arbitrarias, los excesos de poder y cualquier actuación que vulnere las garantías fundamentales y la dignidad humana. Un demócrata es quien garantiza derechos, respeta las diferencias y se somete, sin excepciones, al imperio de la ley. (O)
