La tensión política, el proceso electoral en marcha, hasta la “supina ignorancia”, conducen a enervar los ánimos y a dividir.

En Cuenca, oficinas municipales y viviendas de algunos exfuncionarios fueron allanadas por Fiscalía.

Un allanamiento, siempre que lo disponga un juez de garantías penales previa petición de Fiscalía, no tiene nada del otro mundo. No es más que una  investigación. Habrá recopilado los elementos de convicción necesarios que lo justifiquen.

Por informes de Contraloría, se presume la existencia de irregularidades en procesos de contratación, que podrían devenir en un posible delito de peculado.

Involucran a excolaboradores de alto nivel del alcalde suspendido Cristian Zamora, también inmiscuido en la trama.

Que los allanamientos hayan sido transmitidos en vivo y en directo ya es otra cosa. Los difunde el gobierno. Las redes sociales hacen lo suyo; igual, los medios de comunicación. No importa si aparecen los rostros de los investigados, algunos, hasta sorprendidos en “paños menores”.

En el Ecuador, se supone, rige el principio de inocencia. “Toda persona se considera inocente y debe ser tratada como tal mientas no exista una resolución o sentencia condenatoria firme”.

Es más, la persona investigada, digamos que la allanada y mostrada en público por el impacto escénico que el Estado quiere dar, no tiene que demostrar su inocencia. La Fiscalía tiene la obligación legal de probar la culpabilidad. Si es llamada juicio, a defenderse; si un juez lo sentencia y queda en firme, a ir a la cárcel.

En el caso narrado, producto de la lucha política mal entendida, de odios personales y del digitalismo chapucero, los investigados ya han sido sentenciados y sometidos al escarnio público.

Si a los exfuncionarios y al alcalde suspendido, tras un juicio justo, un juez los declara culpables, que paguen la condena. Hasta tanto, son inocentes. Decir esto no es defender a nadie, ni estar en contra de nadie.