La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reunió el 2 de noviembre del 2026, en medio del feriado, para analizar la Proforma para el Presupuesto General del Estado del 2027, en la que el presupuesto para la educación se reduce y el de la salud apenas crece.

A la Comisión compareció el viceministro de Finanzas, Miguel Hernández, quien reconoció que, pese a que existe un candado constitucional que exige un incremento del 0,5 % anual en los presupuestos de educación y salud, hasta que el primero alcance el 4 % y el segundo el 6 % del PIB, en el 2027 esto no se cumplirá este aumento.

“Son medidas que en el tiempo terminan siendo insostenibles. Entonces, no es posible que incremente un presupuesto en estos dos sectores, cuando el crecimiento de la economía no incrementa de la misma forma”, afirmó el viceministro.

Los recortes

Según las cifras expuestas en Proforma 2027 y que fueron ratificadas por las autoridades, el Gobierno planifica gastar en educación inicial, básica y bachillerato 6.681 millones de dólares; que significa 1.041 millones de dólares menos de lo que se planificó en 2026, que ascendió a 7.722 millones de dólares, aunque hasta octubre se había ejecutado menos de la mitad.

En cuanto al presupuesto para el sector de la salud, que incluye al Ministerio de Salud y las entidades adscritas como el Instituto Nacional de Investigación (Inspi) o la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), el monto destinado para el 2027 asciende a 5.606 millones de dólares, que son apenas 5 millones más que en 2026, cuando se lo proyecto en 5.601 millones de dólares.

Para la asambleísta Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana (RC), lo más preocupante es que, según la programación cuatrianual que incluye la Proforma, el presupuesto incremental para la educación y salud cae de 6.232 millones de dólares en 2027 a 2.192 millones en el 2028.

“¿Qué explica esa caída de 4.040 millones de dólares y cómo se garantizará en el año 2028 los sueldos de médicos y docentes y los servicios que hoy se financian con esos recursos?”, preguntó Durán a las autoridades.

Sobre este tema el viceministro de Finanzas explicó que, como el aumento del 0,5 % anual que exige la Constitución en estos presupuestos se cumplirá este año, en el 2028 ya no se lo aplicará y eso explica la caída.

Aumento en la recaudación

En la Comisión de Desarrollo Económico también se recibió a los representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), quienes informaron que para el 2027 se espera una recaudación tributaria de 25.727 millones de dólares, es decir, 17 % más de lo que se recibirá en 2026.

De este rubro, la mayoría provendrá del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el que se espera recaudar 13.482 millones de dólares; mientras que, por el Impuesto a la Renta se recibirá 8.477 millones de dólares; por el Impuesto a la Salida de Divisas (ICE) 1.482 millones de dólares; y, por el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se recaudará 904 millones de dólares.

Desde el SRI se informó que el aumento en la recaudación tributaria se logrará gracias al mejoramiento en los mecanismos aplicados por la institución y no implicará una nueva reforma tributaria, ni el incremento en los impuestos.

Polémica por el tratamiento de la Proforma

Según el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que rige el funcionamiento de la Asamblea Nacional, las proformas presupuestarias y su posterior seguimiento deben ser analizadas por la Comisión de Régimen Económico, sin embargo, está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, recalcó que la decisión de remitir la Proforma a la mesa legislativa que ella dirige fue del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que agrupa a las autoridades de la Asamblea, tomando en cuenta como precedente que en 2012 y en 2019 también se lo hizo así.

Sin embargo, para el asambleísta Diego Salas (RC), la decisión de remitir la Proforma a la Comisión de Desarrollo Económico es una muestra de que el oficialismo no es capaz de cumplir ni las propias leyes de la Asamblea.

Desde el correísmo se emitió un comunicado en el que calificó a la decisión del CAL como una “nueva arbitrariedad de la mayoría oficialista”, la cual vulnera la seguridad jurídica y vicia el procedimiento legislativo, por lo que exigieron que la Proforma sea tramitada por la Comisión de Régimen Económico.