La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades ecuatorianas que investiguen y castiguen a los policías que incurrieron en un uso excesivo de la fuerza durante las protestas del pasado octubre, así como a la población responsable de saqueos.
Esa es una de las recomendaciones al Estado ecuatoriano que la Comisión formuló en un informe publicado en el que recoge sus conclusiones acerca de la visita que realizó a Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, a invitación del Gobierno del presidente Lenín Moreno.
«La CIDH -reza el informe- insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población».
Además, la Comisión urge a las autoridades ecuatorianas a que establezcan un «plan de atención inmediata y reparación integral» para las víctimas de las protestas y sus familias.
También pide que se diseñen instituciones que «promuevan y que no inhiban o dificulten la deliberación publica» para evitar sucesos como las protestas de octubre, que forzaron al Gobierno a trasladar temporalmente su sede desde Quito a Guayaquil en un gesto inédito en la política ecuatoriana.
Durante su visita a Ecuador, la CIDH se reunió con autoridades de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), miembros de la Corte Constitucional y con un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga
El organismo recopiló el testimonio de 380 personas que aseguran ser víctimas de violaciones de derechos humanos o de otros abusos en el contexto de las protestas.
En octubre, Ecuador vivió durante once días una ola de disturbios y protestas indígenas por la cancelación del subsidio a la gasolina, una decisión tomada por decreto por Moreno para incrementar los ingresos del Estado y, con ello, satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las protestas terminaron una vez que Moreno derogó el polémico decreto tras alcanzar un acuerdo con líderes indígenas. EFE
