Sandra Cruz / Quito
Fausto Jarrín no solo es abogado del expresidente Rafael Correa, uno de los 21 procesados en la trama de corrupción “Sobornos 2012-2016”, sino también es quien – en julio de 2019- interpuso en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) un recurso de hábeas corpus a favor de Alexis Mera, exsecretario jurídico que le permitió salir de la Cárcel 4 de Quito y acceder al arresto domiciliario en Guayaquil.
Siete meses después un tribunal de la Corte se ve nuevamente abocado a analizar una nueva solicitud planteada por él y que podría dilatar el inicio del juicio previsto para las 08:00 de hoy.
.- Cuatro días antes del juicio por cohecho, dentro del caso Sobornos, usted presentó una demanda de recusación en contra del Tribunal de Juzgamiento. ¿Cuáles son sus expectativas?
Mi posición es la de molestia, aunque no me sorprende de que a través de demoras injustificadas y algunas otras operaciones coordinadas por la Función Judicial se demore intencionalmente en sortear una causa y permitir que una audiencia se vaya a instalar con una demanda de recusación en trámite.
.- Pero el viernes último la CNJ ya notificó a los sujetos procesales sobre el inicio de la diligencia a partir de las 08:00 de hoy
Los jueces recusados (Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela) por no ser competentes para estar al frente de la etapa de juicio deberían abstenerse de conocer la causa, porque además es angustiar a la defensa, y volver a suspender la audiencia apenas sean notificados con la demanda, porque en Derecho eso es lo que debería suceder.
.- ¿Qué ocurrirá si los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, aceptan su demanda de recusación?
Se tendrá que sortear un nuevo tribunal y continuar la audiencia
.- ¿A qué atribuye la demora en el trámite de notificación a los jueces recusados?
La demanda se presentó el jueves a las 08:14 y sin ninguna justificación el sorteo del tribunal que conocerá la demanda se realiza a las 12:00 del viernes. Para variar, hubo errores en el sistema electrónico y con esa justificación nos dejan a todos sin conocer qué ocurrirá hoy.
Esto ocurre por las presiones políticas a las que está sometido el Consejo de la Judicatura, a los tiempos políticos no procesales a los que está sometida la justicia en el Ecuador y a la desesperación que tienen de sentenciar a Rafael Correa para evitar que él pueda volver a ser candidato. No solo tienen temor sino pavor de que el expresidente regrese, pero saben muy bien que no les alcanzará el tiempo para sentenciarlo.
.- ¿Quién presiona a la Judicatura?
Eso debería investigar la Fiscalía, pero tampoco le interesa saber porque es una de las instituciones más interesadas en conseguir una sentencia ejecutoriada a la velocidad de la luz.
.- El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, les acusa de intentar dilatar el proceso. ¿Eso es verdad?
Eso es mentira. El proceso no se ha dilatado; estamos en juicio y no ha pasado ni siete meses. Es un proceso extremadamente rápido, así que lo que se plantea es falso.
.- Pero han existido varios diferimientos
El único diferimiento que ha tenido este proceso no ha sido responsabilidad mía; yo no lo pedí. Además, yo vengo solicitando que los jueces revoquen el sorteo ilegal que se hizo para ratificar la competencia desde antes que fijen fechas. La recusación es una forma con la que pretendo dejar en claro que este tribunal no debía haberse constituido cuando tenía recursos pendientes, lo cual es ilegal.
.- El Colegio de Abogados dice que la deslealtad procesal (por dilatar procesos) puede ser sancionada. ¿No tiene temor ser sancionado?
Efectivamente existe la posibilidad legal de que el abogado sea multado cuando plantea una recusación sin fundamento, pero mi recusación está bastante fundamentada, más allá de que los jueces serán quienes decidan si cabe o no.
