Seis años de reclusión más un tercio de la pena (dos años adicionales por agravantes, es decir 8 años), y el pago de 1.130 millones de dólares como reparación integral, pidió Diana Salazar, Fiscal General del Estado (FGE) al tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), como pena por el delito de cohecho a los procesados en la trama de corrupción “Sobornos 2012-2016”.
En la etapa de alegatos de cierre, y durante una exposición de casi tres horas, la Fiscal dijo que se demostró que 20 de los 21 imputados manejaron una estructura criminal para cobrar sobornos a cambio de contratos para financiar la campaña de Alianza País (AP) entre esos años.
Los empresarios Alberto Hidalgo, Manuel Fontana, Ramiro Galarza y Edgar Salas, Pedro Verduga, Bolívar Sánchez, Rafael Córdoba, Teodoro Calle, William Philip, y Mateo Choi, entregaron a la “cúspide de la estructura” liderada por Rafael Correa, e integrada por Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Soliz, Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Pamela Martínez, Laura Terán, 7,5 millones de dólares en sobornos; 6.5 millones a través de cruce de facturas y 1 millón de dólares en efectivo, dijo la Fiscal, y calificó a Correa de autor “mediato” del delito y a sus excolaboradores como autores directos.
Para Pamela Martínez, exasesora de Correa y exvicepresidenta de la Corte Constitucional (CC), y para su entonces colaboradora Laura Terán solicitó una pena reducida del 90 por ciento (4 meses) por colaborar con la justicia. También se abstuvo de acusar a Jamil Massuh exasesor de Duarte en el ministerio de Obras Públicas.
Salazar explicó que el monto de la reparación integral al Estado consiste en la suma total del otorgamiento de contratos y que asciende a mil millones dólares. En lo posterior, el ministerio público iniciará nuevas investigaciones por todos los delitos que se han podido verificar, entre ellos lavado de activos, posible enriquecimiento ilícito y peculado. “Esta es la forma de asegurarnos para que en el futuro, las personas que se vean tentadas de cometer delitos no lo vuelvan a hacer”, subrayó. Salazar espera que el tribunal de la CNJ actúe con objetividad y aplicando la ley. “La fiscalía solo está luchando contra las estructuras que han permanecido en el poder”, dijo.
Usa tono irónico
Con ironía respondió Rafael Correa a la Fiscal. “Ahora Salazar nos acusa de “crimen organizado”; un delito diferente al de cohecho. La prueba está en que tuve “ministros y secretarios”. Cada vez que habla despeja cualquier duda sobre su “capacidad” e “imparcialidad”. Que haga bien su canallada, y si falla, la presa será ella”, escribió en su cuenta de Twitter. (SCC)-(I)
Reparación de $23 millones
En la presentación de su alegato, Íñigo Salvador, titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), afirmó que a lo largo de la audiencia de juzgamiento se comprobó cómo funcionaba la “estructura delincuencial” manejada por la cúpula de la revolución ciudadana y pidió una reparación de 23 millones de dólares más el monto de los contratos firmados con las empresas. Los acusadores también pidieron a Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez; jueces del tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se disponga la emisión de disculpas públicas por parte de los 20 sentenciados, en caso de ser hallados culpables, las mismas que tendrían que ser publicadas en los portales web de las instituciones públicas afectadas. (SCC)
