Los casos de presunta corrupción vinculados a la emergencia sanitaria son motivo de análisis en la academia, desde donde se pide fortalecer la transparencia y aplicar sanciones a quienes cometan actos de corrupción.
Así lo señala Pablo Oswaldo Dávila, docente universitario y miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública.
El jurisconsulto y analista político, detalla que los precios de los productos son fijados por los proveedores y no por el Estado, una debilidad que ha dado paso a que “ciertos proveedores se aprovechen para la especulación y la fijación de precios altos”.
Para palear esta situación, el Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al Código Orgánico Integral Penal, pero según Dávila, este no es el mejor camino.
“Se pretende criminalizar la gestión de la Administración Pública en materia de adquisiciones en situación de emergencia, lo cual cae en el denominado populismo penal, que obedece a demandas electorales”, afirma.
La reforma busca elevar a delito el no publicar la información en el portal de compras públicas, algo que hoy en día es sancionado con una multa de uno a veinte salarios básicos y que, en caso de que se apruebe el nuevo proyecto, derivará en cárcel.
De acuerdo con Dávila, en el sistema legislativo ecuatoriano ya existen normas que penalizan con cárcel delitos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, peculado, o estafa, por lo que “basta con aplicar este tipo de normativas” para hacerle frente a los abusos cometidos en tiempos de pandemia. (JMM) (I)
