Si bien algunos las cuestionan, la creencia en las vacunas para prevenir el COVID-19 es generalizada en todas partes del mundo. Acostumbrados al uso tradicional de vacunas contra otras enfermedades, no faltan quienes critiquen la carencia del insumo, la lentitud en su administración y la “ineficiencia” de los gobiernos para salir delante. El desconocimiento universal sobre la naturaleza de este virus y las investigaciones científicas para detectarlo y elaborar las vacunas pertinentes, han llevado un tiempo. Varios países las elaboran, pero la provisión es insuficiente dada la enorme demanda. Se trata de campañas de vacunación atípicas si las comparamos con las que previenen otras enfermedades, desde hace varias décadas.
Las circunstancias obligan a que se establezca y pongan en práctica procesos de selección, de acuerdo con diversos factores como la cercanía profesional a enfermos y el nivel de vulnerabilidad de los ciudadanos, lo que puede dar lugar a discrepancias. Las medidas no solo deben planificarse adecuadamente, sino ponerlas en práctica respetándolas, lo que debe ser observado no solos por los encargados sino por la ciudadanía que debe superar la tendencia a buscar un trato preferencial eludiendo lo establecido. Frente a este irrespeto es importante que se establezcan serias medidas de control y sanciones a los “avivados”.
En nuestro país debe haber mayor seriedad y estrictez, considerando que, frente a las medidas para servir adecuadamente los problemas de salud, ha habido personas –avece con la complicidad de instituciones- para hacer negociados. Algunos involucrados en estos atracos han sido privados de la libertad y sometidos a juicios. En nuestro país –comparando con otros de la región-la cobertura de la vacunación es limitada. No está mal la protesta y los reclamos, pero es muy importante que se corrijan estas limitaciones ya que el bienestar colectivo está sobre intereses personales, por legítimos que sean.
