Las acciones de grupos armados y los excesos cometidos por agentes del Estado durante las protestas de mediados de año agravaron un escenario ya desolador para los liderazgos sociales colombianos, según un informe divulgado por la organización Somos Defensores.
El estudio indica que la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia pasó de ser selectiva a generalizada en el primer semestre de este año, periodo en el que fueron documentadas 524 agresiones contra 484 líderes, de las cuales al menos 218 (el 41,6 %) ocurrieron durante el paro nacional, como se denominaron las manifestaciones contra el Gobierno.
«Al concentrarse toda la atención en el paro se pasó de esa violencia más selectiva, que se viene dando de años atrás y en ascenso contra los liderazgos sociales, a una violencia más generalizada», explica en entrevista con Efe Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores.
La organización divulgó este martes el informe «Resiste», según el cual de los primeros seis meses de 2021, mayo tuvo el número más alto de agresiones contra los líderes sociales (160), que coincide con el periodo más intenso de las movilizaciones en las que murieron a manos de la fuerza pública por lo menos una veintena de personas.
Según el documento, las agresiones ocurrieron en su mayoría por los abusos de autoridad durante el paro nacional, una violencia que además se trasladó de las zonas rurales a las urbanas como Cali y Bogotá, donde se presentaron los mayores enfrentamientos entre la Policía y manifestantes.
Los datos del primer semestre son muy similares a las 463 agresiones del mismo periodo de 2020, «lo que evidencia las limitaciones y vacíos en materia de una política de garantías, que está muy lejos de proteger de manera efectiva a las personas defensoras», advierte Somos Defensores.
DISMINUCIÓN DE ASESINATOS
El informe documentó 58 asesinatos de líderes sociales, una disminución del 39 % respecto al primer semestre de 2020, lo que rompe la tendencia de alza de los últimos periodos.
Sin embargo, Castro explica que esta nueva estadística se relaciona con la «prolongación, intensidad y masividad del paro nacional», que concentró «la atención de todos los actores y estamentos, incluidos los violentos».
El descenso de los homicidios también se explica por «la consolidación del poder» de algunos grupos armados luego de una sangrienta disputa de territorios abandonados por la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
La coordinadora del programa señala que una vez superada la agitación social por las protestas, la violencia selectiva contra los defensores puede regresar e incluso aumentar debido al comienzo de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo.
«Los asesinatos siguen siendo muy altos y es prudente esperar cuál va a ser su comportamiento en el segundo semestre del 2021 dado que estos pueden aumentar en el marco de la coyuntura electoral que se avecina para el primer semestre del 2022», subraya.
EL ESTADO, PRINCIPAL RESPONSABLE
Aunque los asesinatos disminuyeron en el primer semestre de este año, las amenazas contra los defensores aumentaron, al pasar de 274 a 366; las detenciones arbitrarias subieron de 27 a 31; los robos de información se elevaron de uno a 10, y sobre la violencia sexual, de la cual no había registro en los últimos años, se informó de dos casos.
Los atentados también van en aumento al pasar de 27 en 2019 a 29 en 2020 y a 46 en 2021.
Sobre las 524 agresiones, la organización encontró que el 35,1 % sería responsabilidad de la fuerza pública; el 32,2 % de autores desconocidos; el 18,7 % de grupos paramilitares; el 11,1 % de las disidencias de las FARC; el 2,1% de la guerrilla del ELN, y el 0,8 % de la Fiscalía como parte de la administración de justicia.
En el informe, que también recoge las alertas de organismos como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Somos Defensores urgió al Gobierno a no menoscabar la democracia y respetar la protesta pacífica.
La CIDH constató en una visita que hizo al país durante las protestas que la actuación del Estado colombiano «se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal».
«Dentro de pocos meses se cumplirán cinco años de la firma del acuerdo de paz y, contrario a lo esperado, enfrentamos un retroceso en aspectos sustanciales del país como el bienestar social y la seguridad», advierte Somos Defensores. EFE
