La revisión del valor de los pasajes del servicio urbano de transporte
es otro lado de la conflictividad social en el Ecuador.
A decir de los transportistas, el incremento mensual del valor de los
combustibles, por ahora suspendido, erosionó sus ingresos, ya antes
golpeados por la pandemia.
En el país, la revisión de las tarifas del transporte es vista como una
decisión política, cuando debe primar el análisis técnico, económico y
social.
Y por ello perduran las tensiones. Los transportistas exigen lo suyo.
Las Municipalidades con competencias para decidir si alzan o no las
tarifas urbanas, forcejean y hasta echan la culpa al gobierno central.
Los usuarios apelan a su magra condición económica, se oponen al
incremento, y advierten con protestas.
Ese mismo trípode de conflictividad se ve en las demás ramas de la
transportación pública. A este nivel el gobierno ha logrado capear sus
reclamos, si bien no del todo, cuando menos para evitar su participación
en la movilización orquestada por la Conaie y las centrales sindicales.
Ahora la Agencia Nacional de Tránsito prepara una metodología prevista
en la Ley correspondiente. Se trata de un marco referencial sobre costos
operativos, rutas, frecuencias, oferta y demanda de pasajeros.
Esa metodología “no contiene números ni tarifarios”. Es más, como lo ha
dicho la autoridad máxima de la ANT, los Concejos Municipales decidirán
si alzan o no el valor de las tarifas, o las subsidian.
Varios alcaldes optan por el subsidio, a fin de cuentas pagado por el
mismo pueblo.
En el caso de Cuenca, el pasaje actual es de USD 0,31, de los cuales un
centavo lo subsidia la Municipalidad. Y si bien hace más de un año el
Concejo Cantonal aprobó una tarifa de USD 0,34, no se la aplica. Esto
reclaman los transportistas. De allí el conflicto, y más todavía si
restringieron el horario del servicio y han sido denunciados.
Solucionar con serenidad, prontitud y diálogo contribuirá a resolver la
conflictividad social derivada de tales exigencias. Ojalá así lo
entiendan los alcaldes del país.
