Luego de publicadas las amnistías en el Registro Oficial diversos sectores de la sociedad civil rechazaron la medida tomada por la Asamblea Nacional. La amnistía fue concedida a 268 personas, entre ellos indígenas, dirigentes sindicales, defensores del medio ambiente y miembros de organizaciones políticas, 60 fueron judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y a la protesta social en octubre de 2019, 153 por defensores de los territorios comunitarios, 12 personas por la administración de justicia indígena y 43 como defensores de la naturaleza.
Se han detectado errores de nombres, números de cédulas y de causas; además se omitieron beneficiarios. Todo eso se pretende corregir con una fe de erratas presentada por el legislador Mario Ruiz de la bancada de Pachakutik. Una realidad a la que no podemos cerrar los ojos es que en Ecuador el tejido social está totalmente fracturado, por ello la amnistía es una herramienta constitucional y sobre todo política para buscar de cierta manera la reconciliación, o por lo menos el perdón entre los extremos político-ideológicos.
Lamentablemente en el país se sigue utilizando la justicia para sancionar discrepancias políticas y no delitos comunes. No coincido ideológicamente con todos los amnistiados, pero considero que el país necesitaba un mínimo de perdón y olvido. Lo que es preocupante es que en la lista consten responsables de delitos comunes. (O)
