A propósito de los cuestionamientos que se han dado por las varias inconstitucionalidades que contendrían las denominadas “Ley de solidaridad” y “Ley de inteligencia”, recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional de Ecuador, resulta pertinente destacar la importancia fundamental que, para un Estado de derecho y un régimen democrático, tiene el cumplimiento pleno y cabal del Derecho u ordenamiento jurídico de un país, el mismo que está compuesto por la Constitución y las Leyes, y un conjunto de reglamentos y procedimientos.
En otras palabras, para que exista el Estado en su sentido moderno no es suficiente que tenga poder político, sino que es necesario que este poder esté organizado jurídicamente; siendo esto precisamente lo que distingue al Estado propiamente dicho de las formas pre modernas de organización del poder político. Gracias a que está organizado en base a las normas o leyes, el ejercicio del poder político estatal está regulado y limitado, evitando que se transforme en un poder despótico o arbitrario. De esta forma el poder del Estado moderno es un poder de las leyes y no de las personas, cuestión esta última que sucedió por ejemplo en las llamadas monarquías absolutistas, donde l poder de los Reyes era ilimitado y sin control de ningún tipo.
Sobre la importancia del Derecho, para la organización del poder político y para el funcionamiento racional de la sociedad moderna, el autor Enrique Neira en su obra “El saber del poder” afirma que: “Se puede afirmar que: Sin el derecho el poder que gobierna la sociedad sería una fuerza ciega, incontenible y fácilmente indomable. Sin el derecho la sociedad quedaría desamparada, a merced de la voluntad y capricho de los gobernantes de turno. El derecho racionaliza el poder político y la autoridad”.
Debido justamente a la importancia del Derecho o de las leyes en el Estado moderno, la legitimidad de este Estado asoma como una legitimidad legal o racional, según una expresión del sociólogo alemán Max weber. Aún más, incluso regímenes o gobiernos que han llegado al control del Estado mediante una acción ilegal o de facto, tratan de legitimar posteriormente su poder precisamente en el Derecho a partir, por ejemplo, de crear una nueva Constitución o nuevas normas jurídicas. (O)