Cuando se habla del endurecimiento de las penas para disminuir los índices de criminalidad en un país, surge la pregunta: si solamente de penas más duras se tratara, ¿por qué entonces en aquellos países en que existen sanciones drásticas como la cadena perpetua o la pena de muerte, no se ha logrado el control de la delincuencia? Parecido argumento podríamos utilizar en el caso del volumen o número de leyes existentes en una sociedad o en un país: si el desarrollo o el progreso de una nación dependiera de la cantidad de leyes vigentes en tal o cual nación, pues entonces sencillísimo, dediquémonos a fabricar leyes a diestra y siniestra, y de todo tipo, y acomodémonos en los graderíos para observar los resultados después de no muchos años.
Y es real e incontrovertible que aquí en nuestro país tenemos leyes hasta para jugar a los toctes, y peor todavía desde la “década ganada”, en que se adoptó la costumbre, parece que, tomando el ejemplo venezolano, de dar a las nuevas leyes unos nombres rimbombantes y hasta ridículos, con el fin populista de lograr el apoyo de ciertos sectores de la población. No es raro pues toparse con leyes como: “para el control del precio de la papa chola, en los días feriados”, o “en beneficio de los cañicultores del recinto Dios nos guarde”, o “para el desarrollo del sector productor de carne en palito”, o “para promover el emprendimiento económico de los vendedores de encebollado mixto”, o “para regular el fomento de la música nacional en los artistas que cantan en los buses interprovinciales” etc. Y lo preocupante es que, tanto los electores como ciertos medios de comunicación, así sea de manera poco consciente, pero alientan estas conductas dañinas cuando, por ejemplo, le preguntan a un asambleísta que proyectos de ley piensa presentar en la asamblea o que proyectos ya ha presentado, como si la razón de ser de su encargo se finque en la presentación de uno o más proyectos de ley, más allá de su real trascendencia o del beneficio que su aplicación represente para el país. Efectos mucho más saludables para el país se lograrían más bien derogando disposiciones inútiles y de dudosa moralidad. (O)