No es la primera vez que pobladores de Gualaceo, Chordeleg, Sígsig y Paute denuncian contaminación de las aguas del precioso y caudaloso río Santa Bárbara con metales pesados. No es la primera vez que quienes habitan en los sectores aledaños a las concesiones mineras reclaman la ausencia de control, de fiscalización y de presencia estatal, mientras la naturaleza es sometida y su destrucción avanza con total impunidad. No es la primera vez que el silencio del gobierno de Daniel Noboa es prueba indiscutible de sus vínculos políticos y económicos –directos o indirectos– con intereses mineros. No es la primera vez que se irrespeta la voluntad expresada en las urnas, como ocurre en Las Naves, provincia de Bolívar, donde se vive un ecocidio permitido desde Carondelet. La defensa del agua y de los páramos de Cuenca, del Azuay, del Austro, del país no es negociable. Por ello, sorprende la falta de acciones concretas e inmediatas de los alcaldes de los cantones atravesados por el río Santa Bárbara para frenar la contaminación y emprender, con urgencia, un plan de recuperación de este río. No hay bienestar humano posible si se destruyen los ecosistemas. La salud del agua, del suelo, el aire, los microbios, las plantas, los animales y los seres humanos no puede pensarse por separado. Todo está vinculado en una gran red de vida que se sostiene mutuamente. (O)
