La investigación de CONNECTAS y Tierra de Nadie obliga a mirar lo que el miedo quiso esconder, en 2025 murieron al menos 1.220 personas privadas de libertad en Ecuador; muchas por hambre, tuberculosis, desnutrición, abandono médico y causas que el Estado ni siquiera determinó. Los casos de tuberculosis pasaron de 641 en 2023 a 2.576 en 2025.

Desde una mirada feminista, esta no es solo una crisis carcelaria: es una política de muerte que descarga su crueldad sobre los cuerpos empobrecidos y sobre las mujeres que sostienen la vida fuera de los muros. Madres, hermanas, parejas e hijas venden sus cosas, se endeudan, pagan extorsiones, buscan hospitales, morgues y fosas, mientras el Estado que debería garantizar derechos administra silencio.

El modelo neofascista construye enemigos internos, militariza la pobreza, convierte la seguridad en espectáculo y nos pide aplaudir la deshumanización. Dice que quienes están presos no merecen derechos; normaliza que mueran sin comida, sin medicina, sin nombre y sin duelo. Pero una sociedad que acepta cárceles como campos de exterminio también acepta que mañana cualquier vida incómoda sea descartable.

La Constitución reconoce a las PPL como grupo de atención prioritaria; no como sujetos eliminables. Por eso urge abrir los ojos. Callar frente a esta barbarie no nos protege: nos degrada. Reaccionar es defender la vida, la democracia y la mínima humanidad que aún nos queda. (O)

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