En la mitología griega, la caída de Troya no ocurrió por una superioridad militar absoluta de los aqueos en el campo de batalla, sino por la ingenuidad de quienes abrieron sus puertas a un aparente regalo que escondía su propia destrucción. Hoy, el derecho administrativo ecuatoriano enfrenta su propio caballo de Troya: la utilización distorsionada de la declaratoria de emergencia.
El denominado “Caso Progen” —donde el Estado ecuatoriano desembolsó más de 104 millones de dólares para solucionar la crisis energética— no representa únicamente una controversia contractual o una posible falla operativa. Constituye una oportunidad para observar una enfermedad más profunda del Estado contemporáneo: la normalización de los mecanismos excepcionales hasta convertirlos en una ruta paralela de decisión pública.
Bajo la excusa de la oscuridad, abrimos las puertas a la supuesta luz. Lo que ingresó no fueron soluciones, sino —permítaseme la expresión— chatarras. Según revelan las indagaciones, se trataría de generadores obsoletos, repintados y con placas del 2009, adquiridos originalmente por ocho millones de dólares y revendidos al Estado en un margen de usura indignante.
La declaratoria de emergencia nació como una herramienta jurídica legítima. Su finalidad era permitir que el Estado responda con rapidez frente a circunstancias imprevisibles que ponen en riesgo bienes colectivos esenciales, o en su defecto ponen en zozobra a su población. Sin embargo, cuando la excepción deja de ser extraordinaria y empieza a utilizarse como una regla práctica, aparece una peligrosísima metamorfosis: la emergencia deja de ser una solución institucional y se convierte en una suspensión de los controles que precisamente protegen al Estado mismo.
La urgencia no puede convertirse en una zona libre de derecho.
Cuando los procedimientos de contratación acelerada reducen los espacios de análisis técnico, control preventivo y evaluación rigurosa, el Estado debilita sus propios mecanismos de defensa. Es como si un organismo decidiera eliminar su sistema inmunológico precisamente cuando más expuesto se encuentra.
Bajo la justificación de la oscuridad energética, el país abrió las puertas buscando una respuesta inmediata. Sin embargo, las investigaciones y cuestionamientos posteriores han revelado serias dudas sobre la calidad, condiciones y conveniencia de los bienes adquiridos, generando interrogantes sobre cómo el Estado evaluó aquello que estaba contratando y bajo qué estándares decidió comprometer recursos públicos.
Pero el problema más complejo no termina en la contratación.
El derecho público tradicional fue diseñado principalmente para controlar el acto administrativo, sancionar responsabilidades individuales y revisar procedimientos. No obstante, los esquemas modernos de corrupción económica operan de manera distinta: mediante estructuras societarias complejas, jurisdicciones múltiples y movimientos patrimoniales que pueden superar la velocidad de las instituciones encargadas de perseguirlos.
Aquí aparece uno de los grandes desafíos del derecho público económico a día de hoy, mismo que es la necesidad de fortalecer herramientas capaces de identificar beneficiarios reales, rastrear activos y evitar que la personalidad jurídica sea utilizada como una barrera de impunidad.
La sociedad mercantil cumple una función esencial dentro de la economía; protege la iniciativa privada y permite organizar actividades productivas. Pero esa protección no puede transformarse en un escudo para ocultar abusos. Cuando una estructura corporativa se utiliza para defraudar, el levantamiento del velo societario deja de ser una excepción doctrinal y se convierte en una herramienta necesaria para proteger el patrimonio colectivo.
No podemos permitir que la emergencia funcione como un salvoconducto de la irresponsabilidad.
Si una crisis justifica acelerar la respuesta estatal, esa misma crisis debería justificar controles aún más rigurosos sobre el destino de los recursos públicos. La rapidez administrativa no puede significar ausencia de vigilancia; la eficiencia no puede construirse por encima de principios fundamentales, en este caso, sacrificando la transparencia.
Ahora, el verdadero desafío que nos compete a todos, no consiste únicamente en mitigar la emergencia, sino también en impedir que la emergencia destruya la regla. Porque un Estado que acelera sus decisiones sin fortalecer sus controles, no administra una crisis: administra su propia vulnerabilidad.
Y mientras no modernicemos nuestra defensa jurídica del patrimonio público, seguiremos abriendo las puertas de nuestra economía esperando soluciones, sin advertir que algunas respuestas pueden esconder el mismo peligro que, aquel caballo que una vez derribó a Troya. (O)
