Son imágenes desgarradoras las que revelan la magnitud de la catástrofe ambiental ocurrida en Zamora Chinchipe. Un deslizamiento en la parte alta del río Cantzama arrastró lodo, piedras y árboles hacia las comunidades; este aluvión dejó personas desaparecidas y fallecidas, viviendas destruidas, vehículos arrastrados y sectores enteros sepultados bajo el lodo en la parroquia Guadalupe, zona rural de la capital provincial. Este desastre vuelve a encender las alarmas sobre los impactos de la minería en una provincia rica en oro, pero profundamente degradada y socialmente vulnerable. Sin duda, el cambio climático intensifica los riesgos y convierte cada temporada de lluvias en una amenaza mayor; pero también es cierto que las actividades mineras en territorios de enorme fragilidad ambiental, como es la Amazonía, multiplican la vulnerabilidad de las comunidades que, pese a sus riquezas mineras, carecen de la infraestructura básica y de políticas sociales que disminuyan la pobreza de su población. Es poco probable que los informes oficiales –dado los intereses mineros del gobierno– reconozcan la incidencia de la minería en la magnitud del aluvión; si lo hacen, será la “minería ilegal” la señalada. No olvidemos que hace un año la provincia sufrió múltiples eventos adversos con miles de afectados y una víctima mortal. ¿Es “coincidencia” que esto suceda justo en una provincia donde operan las empresas mineras Mirador y Fruta del Norte? (O)