Las audiencias judiciales suspendidas, muchas veces sin tener fecha próxima de realización, se han convertido en un deporte nacional en las esferas de un sistema judicial caduco, y lleno de tropiezos que el Ecuador afronta desde hace tiempo.

La tarde del 14 de julio de 2026 la Unidad de Garantías Penales Especializada en Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción comunicó una noticia increíble pero cierta: el juez Jairo García a cargo del proceso por enriquecimiento ilícito de la ex sindicalista del IESS Rosa Argudo y siete personas más, incluyendo miembros de su familia, simplemente tenía una diligencia agendada con anterioridad, el mismo día y a la misma hora. Hay quienes sospechan que esto fue perfectamente planeado y ejecutado. ¡Qué tal!

Los juristas advierten que esta causa presenta un “riesgo inminente de caducidad de la prisión preventiva” debido a los plazos legales aplicables, configurándose un conflicto material e insuperable de agendamiento.

Más de dos años de investigación le tomó a la fiscalía para llegar a una audiencia fallida de formulación de cargos contra Argudo y demás sospechosos, porque simplemente se les cruzaron los cables a quienes les correspondió fijar la fecha, dejando en el vacío este sonado caso. Por ser un tema mediático, muchos ciudadanos algo conocen de este atropello a la lógica procesal, sobre todo, por la frialdad con la cual los acusados, sobre todo Rosa Argudo, y sus cinco abogados enfrentan este presunto delito. ¿No será que, para la nueva fecha de la audiencia, algunos de los investigados ya se encuentren en algún lugar ignoto?

Pero también, existen innumerables casos que no se hacen públicos y tienen una misma lógica de burla a quienes clamamos por justicia. Jueces que se enferman a última hora, fiscales trabajando con un tortuguismo evidente, peritos sosegados emitiendo informes tarde mal y nunca, secretarias ausentes por permisos personales, abogados que hacen triquiñuelas para entorpecer la justicia.

El ministro Reimberg, y el gobernador del Azuay Xavier Bermúdez, entre otros, desde hace varios meses reclaman la ligereza con la cual ciertos jueces liberan a delincuentes detenidos en flagrancia, burlándose del trabajo de la policía. Con esta realidad, la decepción de la población es cada vez más profunda, por la evidente inseguridad jurídica.

Un espíritu de cuerpo llena los pasillos de las cortes y fiscalías; abogados que trabajan honradamente, pero tienen miedo a reclamar la lentitud de los procesos y la resolución de los casos, para evitar el vengativo proceder presente y futuro de algunos jueces.

El Consejo de la Judicatura, a pesar de los nuevos vientos que soplan desde finales de abril de 2026 con la llegada de la Dra. Mercedes Caicedo como su máxima representante, no logra encontrar a ciencia cierta el peldaño de esta escalera de impunidad en donde se concentra el mal. Mientras tanto, ¿será mucho pedir, que se instale un sistemita informático simple pero efectivo para evitar el cruce de las audiencias? Es un problema de lógica básica a resolver. (O)