En Ecuador, la guerra contra el crimen se ha convertido también en una guerra contra la pobreza. La militarización se instala con mayor violencia en barrios populares, comunidades indígenas y espacios donde niñas, niños y adolescentes crecen entre operativos, armas, miedo y ausencia de políticas sociales.

El Estado que debería garantizar educación, salud, cuidado aparece principalmente para vigilar, perseguir y castigar. En el primer trimestre de 2026, 148 adolescentes fueron asesinados: una muerte violenta cada 14 horas. Mientras tanto, la respuesta oficial insiste en más militares y estados de excepción.

El caso de Marco Oto Rivera revela que esta violencia no comenzó hoy. Tenía 26 años y murió el 8 de octubre de 2019, después de caer de un puente mientras huía de la represión policial en San Roque. Permaneció durante horas sin atención médica. El paro dejó 9 personas fallecidas, 1.340 heridas y 1.228 detenidas, incluidas adolescentes.

Siete años después, la Alianza por los DDHH denuncia graves irregularidades en la investigación de la muerte de Marco y una sanción ilegítima contra su defensa técnica. La impunidad también es violencia estatal.

Un país que persigue a quienes reclaman, castiga a quienes defienden y abandona a sus guaguas no es un Estado constitucional de derechos. Es un Estado que administra el miedo y decide qué vidas merecen protección. Y casi siempre deja fuera a las mismas: las vidas jóvenes, indígenas, racializadas y empobrecidas. (O)

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