Lamentablemente, son varios los casos en la urbe donde el interés particular se impone al bienestar colectivo. Los argumentos para convalidar edificaciones que dañan al patrimonio se centran en que se han respetado las formalidades legales y que tales acciones son válidas jurídicamente. Con esas razones, agresiones a lo que se debe proteger reciben el estatus de derechos adquiridos, sin que el interés público tenga peso. Así, el beneficio individual, amparado en una forma de entender la ley, se impone.

La mención de la seguridad jurídica justifica, en estos casos, afectaciones al bienestar común. Esta categoría, consustancial al Estado de derecho —que exige que el ordenamiento social pase por el respeto irrestricto al sistema legal— nunca se puede comprender aisladamente. Debe ser entendida como parte de un complejo sistema integrado por elementos fundamentales; entre ellos, los principios generales del derecho —valores en los que se sustenta lo jurídico y a los cuales se debe llegar, como la justicia y el bien común— cumplen un rol esencial, no declarativo, sino decisivo al momento de dirimir una situación.

Existe la percepción ciudadana de que obtener permisos responde a dinámicas que interpretan la normativa para fines particulares, prescindiendo del beneficio común. Si el cumplimiento formal de la ley va en contra de lo justo, el propio sistema permite que, utilizando sus recursos y mecanismos, se pueda revertir lo que la simple lectura de una norma determine.

Los ciudadanos no estamos conformes con que el formalismo impida revertir una injusticia que perjudique al bienestar colectivo. La responsabilidad por permisos otorgados equivocadamente encuentra en el sistema posibilidades de reversión. El municipio debe asumir el error y, al hacerlo, aceptar su responsabilidad administrativa, factor que podría disuadirle de actuar. Sería grave que la tesis de que no cabe acción alguna ante el perjuicio colectivo sea una forma de autoprotección frente a desaciertos institucionales.

El axioma jurídico «el error no genera derecho» es aplicable siempre. Se requiere que la administración municipal de Cuenca proceda desde la honorabilidad; los errores deben ser reconocidos ética y legalmente. Convalidar lo indefendible bajo la excusa de la legalidad formal no es preservar el Estado de derecho, sino una forma de legalizar el despojo del espacio público y de protegerse a sí misma. El desacierto que lesiona a la ciudad jamás puede transformarse en un derecho. (O)