La economía mundial vuelve a desenvolverse entre conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y alteraciones en los mercados energéticos. Sin embargo, trasladar mecánicamente esos riesgos al Ecuador puede conducir a un diagnóstico equivocado. A diferencia de economías europeas donde el repunte inflacionario condiciona las decisiones de política económica, la inflación ecuatoriana permanece relativamente contenida. El desafío nacional parece encontrarse en otro lugar: cómo consolidar las finanzas públicas sin debilitar las posibilidades de crecimiento.El Banco Central proyecta para 2026 una expansión del PIB del 2,7%, sustentada principalmente en el consumo, la inversión y las exportaciones. Es una señal positiva, aunque todavía insuficiente para una economía que necesita generar empleo, elevar productividad y recuperar capacidad de inversión pública y privada.

Paralelamente, la política fiscal transita por una senda de consolidación. El programa acordado con el Fondo Monetario Internacional persigue reducir el déficit, fortalecer la sostenibilidad de la deuda y preservar el acceso al financiamiento externo. El FMI proyectaba para 2026 un déficit global del sector público cercano al 0,4% del PIB y una deuda aproximada del 52,7% del producto. El equilibrio, por tanto, es delicado. La disciplina fiscal constituye una condición necesaria para una economía dolarizada: déficits persistentes y necesidades crecientes de financiamiento terminan restringiendo el margen de acción futuro.

En última instancia, el éxito del FMI debería juzgarse por el impacto de sus programas de financiación en la estabilización y la recuperación económica de los deudores en dificultades, así como en el bienestar de la población, incluidas las personas en situación de pobreza. (O)