Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, y Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, entregaron informes técnicos sobre el impacto ambiental del proyecto minero Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha.
Ambas autoridades acudieron este martes, 23 de septiembre, a una reunión convocada por Xavier Bermúdez, gobernador de Azuay, para proporcionar estos documentos. El encuentro se tornó confrontativo entre los participantes.
Con esta acción se cumplió lo solicitado por Daniel Noboa, presidente del Ecuador, el pasado 12 de septiembre en una entrevista en radio La Suprema Estación de Cuenca.
En ese diálogo, Noboa indicó que los informes son necesarios para revocar la licencia ambiental entregada a la empresa Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador, encargada del proyecto Loma Larga.
Ocho documentos
Zamora entregó un paquete de ocho documentos, entre ellos un informe del MAATE que advierte sobre el peligro de contaminación, el cual, según dijo, habría sido ocultado.
También incluyó un estudio de ETAPA EP que confirma la amenaza de contaminación hídrica, información que forma parte de un proceso judicial en curso.
Asimismo, presentó un borrador de artículo científico de profesores e investigadores de EE.UU., Costa Rica y Ecuador, que demuestra la conexión entre aguas subterráneas y superficiales.
“Estamos probando científicamente que el estudio de la minera, que asegura que no hay conexión entre aguas subterráneas y superficiales, es falso…”, señaló Zamora.
Además, entregó un informe pericial sobre Loma Larga elaborado por James R. Kuipers en 2016, de Kuipers & Associates, solicitado por MiningWatch Canada y el Environmental Defender Law Center.
Francia
Se sumó un informe del BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Francia), de 2013, que advirtió sobre impactos ambientales de la actividad minera en Loma Larga.
También incluyó un estudio de la Corporación Geoambiental Terrae, de Colombia, hecho en 2022, sobre riesgos hidrológicos y ambientales del proyecto, ubicado en Cuenca y San Fernando.
Igualmente se entregaron los resultados de la Consulta Popular del 7 de febrero de 2021, en la que casi el 80 % de la población de Cuenca se pronunció en contra de la minería en zonas de recarga hídrica.
Finalmente, se presentó una solicitud enviada a Audrey Azoulay, directora de la UNESCO, para que se haga una inspección en Loma Larga. Esto considerando que en 2013 la UNESCO declaró al Macizo del Cajas como Patrimonio Natural de la Humanidad, por tratarse de un área de importancia mundial.
Prefecto
Juan Cristóbal Lloret entregó un informe de impacto ambiental, con argumentos técnicos y jurídicos que sustentan las implicaciones ambientales de la intervención minera.
El documento, denominado “Pronunciamiento sobre la emisión de la licencia ambiental para Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga”, analiza de forma exhaustiva la concesión.
Lloret recordó que, pese a la Marcha por el Agua del 16 de septiembre, ya han pasado más de ocho días y no se ha emitido ningún acto administrativo para revocar la licencia.
El estudio concluye que Loma Larga es incompatible e inviable en el páramo de Quimsacocha, un ecosistema frágil que capta, almacena y distribuye agua para Cuenca y otras 11 localidades.
Además, advirtió que la concesión amenaza la seguridad alimentaria, afecta el riego de cultivos y representa un riesgo para la salud pública, por contaminación con metales pesados como arsénico y mercurio.
Gobernador
Xavier Bermúdez insistió en que la decisión de Noboa es parar el proyecto, y que los informes servirán de insumo técnico para revocar la licencia ambiental.
Aclaró que la concesión minera es heredada, y que este gobierno busca solucionarla de forma legal y técnica, sin que haya oposición al cuidado del recurso hídrico.
También indicó que la invitación a las autoridades no fue hecha por redes sociales sino de manera formal y pidió que no se acuse al gobierno de estar en contra del cuidado del agua.
Insistió: “los procedimientos administrativos toman tiempo, señores; esto no es de la noche a la mañana…”.
Informe BRGM (Francia, 2013)
Técnicos del BRGM hicieron en 2013 una inspección a los proyectos mineros Loma Larga (antes Quimsacocha) y Río Blanco. El estudio combinó visitas técnicas y revisión documental.
El análisis concluyó que los ecosistemas frágiles podrían sufrir daños irreversibles si se lleva a cabo la explotación minera. Alertó que las concesiones carecían de estudios sólidos sobre el comportamiento de las aguas subterráneas.
El documento señaló que los estudios ambientales de las compañías mineras son insuficientes, no consideran riesgos acumulativos ni exploran con rigor alternativas técnicas y territoriales.
Se destacó que el drenaje ácido de rocas podría contaminar suelos y fuentes hídricas con metales pesados, por lo que se requieren planes de monitoreo robustos.
El BRGM también cuestionó el diseño de los depósitos de relaves, ya que, pese a las geomembranas y canales de desviación, la estabilidad de las presas frente a lluvias intensas o sismos es un riesgo latente que no debe minimizarse.
La conclusión central es que la minería en páramos implica riesgos significativos. Se recomendó ampliar los estudios hidrogeológicos, fortalecer la planificación territorial y garantizar información independiente.
Informe pericial EE.UU.
El informe de James R. Kuipers, de Kuipers & Associates (2016), sobre Loma Larga y Río Blanco, fue solicitado por MiningWatch Canada y el Environmental Defender Law Center.
Kuipers identificó riesgos ambientales significativos, como el bombeo masivo de agua, que podría afectar lagunas, ríos y fuentes hídricas esenciales para comunidades y cultivos locales.
El estudio alertó sobre la presencia de arsénico en la roca mineralizada, cuya liberación pondría en riesgo la salud humana, la fauna y la calidad del agua.
Otro hallazgo crítico fue la alta probabilidad de drenaje ácido de minas, capaz de contaminar por décadas las fuentes de agua con metales pesados, afectando ecosistemas y población.
El informe advirtió sobre la destrucción de ecosistemas frágiles, como los páramos, vitales para la regulación hídrica, el secuestro de carbono y la biodiversidad local.
En términos económicos, Kuipers señaló incertidumbre en la viabilidad de los proyectos. Los estudios de prefactibilidad mostraban riesgos financieros, especialmente ante posibles caídas en los precios internacionales de los metales.
Finalmente, se advirtió sobre los costos a largo plazo del cierre de minas y del tratamiento de aguas contaminadas, que podrían superar los beneficios inmediatos, cuestionando la sostenibilidad económica de las iniciativas mineras.
El informe pericial de Kuipers ofrece una base técnica sólida para debatir la viabilidad de Loma Larga y Río Blanco, y refuerza la necesidad de evaluar impactos ambientales antes de continuar con la explotación.
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