La regulación de los derechos de autor en la música ecuatoriana enfrenta vacíos que hoy dejan a los creadores sin herramientas frente al streaming y al uso de inteligencia artificial.
Esta es la principal conclusión de una investigación jurídica desarrollada por Mateo Moscoso, abogado cuencano, músico y productor, quien propone una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI).
La iniciativa plantea regular tres ejes:
- El uso de inteligencia artificial en la creación musical
- La protección de la voz como dato biométrico
- La regulación de tarifas por reproducción en plataformas de streaming.
La propuesta plantea incorporar un nuevo capítulo dentro del COESCCI, compuesto por 10 artículos, con reglas específicas para el entorno digital.
Moscoso, de 23 años, graduado en Derecho por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, desarrolló este planteamiento como parte de su tesis de grado, titulada Ausencia regulatoria en la protección de la creación musical y sus derechos en plataformas digitales.
El vacío legal
«Las plataformas pagan apenas décimas de centavo por reproducción. Proponemos establecer una tarifa mínima que permita proteger los derechos constitucionales de equidad y de autoría, el principal vacío legal que detectamos», explicó.
En Ecuador, aunque la ley reconoce los derechos de autor y la obligación de remunerar a los creadores, no establece estándares detallados que permitan a los artistas verificar reproducciones y cobros en plataformas digitales.
Inteligencia Artificial
A esto se suma el avance de la inteligencia artificial capaz de generar música y replicar voces humanas con alto nivel de realismo.
Si bien la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales reconoce la voz como un dato biométrico sensible, no regula su uso creativo o comercial.
En este punto, la propuesta de reforma plantea una prohibición expresa de la clonación de voz con fines comerciales sin consentimiento del titular, así como la exclusión de las obras generadas de manera autónoma por inteligencia artificial del sistema de derechos de autor.
El argumento central es que la protección jurídica debe recaer en la creatividad humana, no en procesos automatizados.
Impacto en artistas emergentes
La ausencia de regulación afecta de manera desigual al sector musical.
De acuerdo con Moscoso, cerca del 95 % de los artistas emergentes en Ecuador no cuenta con conocimientos legales para registrar sus obras, cobrar regalías o proteger su música frente a usos no autorizados en publicidad, redes sociales o plataformas digitales.
Esta brecha deja a la mayoría en situación de vulnerabilidad, mientras un reducido grupo de artistas con mayor estructura legal logra monetizar su trabajo.
Para el autor, esto limita el potencial del como motor cultural y productivo. Sin protección jurídica efectiva, la creación pierde valor y se desalienta la profesionalización del sector.
Debate jurídico
La investigación plantea un debate de fondo ¿Las obras creadas al 100 % por inteligencia artificial deben o no generar derechos?.
Moscoso sostiene que permitir su registro abriría interrogantes patrimoniales complejas y desdibujaría el principio central del derecho de autor.
La propuesta se apoya en el derecho comparado. En Estados Unidos, la Oficina de Copyright ha establecido que solo las obras con intervención humana pueden acceder a protección autoral.
En marzo de 2024, el estado de Tennessee aprobó la conocida ELVIS Act, una ley que refuerza la protección de la voz y la imagen de los artistas frente al uso indebido de inteligencia artificial, creando incluso nuevas acciones civiles por suplantación no autorizada.
¿Está Ecuador preparado para este debate?
Para el autor, la pregunta no es si el país está preparado, sino si está dispuesto a iniciar el debate.
En la Asamblea Nacional existen proyectos relacionados con derechos de autor y propiedad intelectual.
Entre ellas, la Ley para la Protección de la Voz Humana frente al uso indebido de la IA, presentado en 2025 por la asambleísta Paola Cabezas.
José Paz, presidente de la Asociación de Locutores del Ecuador, (ALCEC), señaló que durante años han trabajado para dar vida a marcas, personajes y contenidos, pero hoy enfrentan el riesgo de que sus voces sean clonadas o comercializadas sin autorización.
“Este proyecto de ley busca brindar garantías a las nuevas generaciones de talentos y asegurar condiciones laborales justas en una industria que ha dado importantes representantes a nivel internacional”, señaló.
Otra iniciativa en trámite es la Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial, presentada en 2024 por la asambleísta Silvia Núñez.
El proyecto establece la creación de la Autoridad Nacional de Regulación de la IA, encargada de supervisar su cumplimiento y velar por el uso responsable de estas tecnologías en el país.
Servio Lima, gerente general de Educastle C.A., destacó que la regulación de esta tecnología debe basarse en niveles de riesgo.
“No es lo mismo sancionar un sistema de riesgo crítico como el ‘social scoring’, que un sistema de IA usado para optimizar una flota de transporte”, señaló.
Estas iniciativas se encuentran en comisiones parlamentarias.
Para Moscoso, reformas puntuales al COESCCI podrían sentar un precedente y abrir el camino hacia una cultura de protección jurídica del arte.
El debate trasciende la música. La posibilidad de manipular voces e imágenes mediante inteligencia artificial plantea riesgos que van desde la desinformación hasta la suplantación de identidades.
Regular hoy, sostiene Moscoso, es una forma de anticiparse a conflictos mayores.
“Este 2026 es crucial para empezar a regular el uso y manejo de la inteligencia artificial. Se deben tomar acciones ya, no solo el tema de música, sino en cualquier rama del arte”, indicó.
Un resumen de la tesis de Moscoso fue publicado en del blog jurídico de Lexis Ecuador, tras la aprobación de su comité editorial.
Moscoso es además CEO de Cosmoso Records, productor musical, miembro de la Academia Latina de la Grabación (Latin GRAMMY) y de SAYCE. (I)
Más noticias:
Abogado cuencano plantea una recodificación del Código Civil
