Tras recibir una sentencia de 30 días de privación de la libertad por no permitir que un agente de tránsito le aplique la prueba de alcoholemia durante un operativo, la viceprefecta de Azuay, Alexandra Quitanilla, anunció que buscará que se revea la decisión judicial.
Según se conoce de manera oficial, Quintanilla, de quien por cierto se ha desmarcado el Prefecto y el movimiento político con el que ganó las elecciones, no quiso aplicarse la prueba de alcotest durante un operativo en la Bajada de Todos Santos y Paseo Tres de Noviembre, la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026.
Tras desobedecer la petición de los agentes e incluso entregar un documento de identificación falso, según consta en la resolución de la jueza, un documento que pertenecía a ‘Dina Cecilia Vicuña’, se procedió con su aprehensión.
De hecho, la jueza que llevó el caso, señaló que esto indujo al error al agente civil de tránsito.
Versión de Quintanilla
Según Quintanilla, observó que los agentes sometieron a una mujer con gas, «situación que me generó preocupación y motivó que interviniera verbalmente para solicitar que el procedimiento se realice con proporcionalidad y respeto».
Refirió que en medio de esta situación los agentes solicitaron que se aplique la prueba de alcoholemia.
La Viceprefecta alegó que nunca se encontró en estado etílico «como se ha insinuado en algunos espacios”.
Además, declaró que solicitó que le devuelvan la matricula que “se perdió entre sus manos (del agente), y no permitieron ante mi insistencia realizarme la prueba de alcoholemia”.
Según informó, sufrió episodios de epilepsia, enfermedad con la que habría sido diagnosticada desde 2006.
Debido a este problema de salud, se encontraba sedada durante el día, incluso en el momento de la formulación de cargos, alegó.
Aprovechó para apoyarse en un video de 44 segundos en el que, aparentemente, según ella, “permiten observar el contexto real de lo sucedido, lo cual contribuye que la ciudadanía pueda formarse un criterio basado en hechos y no en especulaciones”.
Quintanilla cree que los hechos “prevalecerán sobre los rumores”.
Posición de la EMOV
Lenin Guzmán, gerente de la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV), refirió que no va a prestarse “para hacer de esto un tema político”.
Sostuvo que a Quintanilla la sentenció una jueza, como autoridad competente de administrar justicia “y no por ellos”.
Además, detalló que “la realidad de los hechos está grabada en los vídeos de las ‘bodycams’ de los agentes que los analizó la jueza para emitir su criterio y sentencia”. Dijo que el video dura dos horas.
En el caso de darse alguna situación en el ámbito judicial, presentarán nuevamente las pruebas que ya sirvieron de base para que la autoridad competente emita el fallo.
No hay evidencia de una agresión a un mujer
Por otra parte, sobre la presunta agresión a una mujer, mencionó que eso lo tiene que aclarar la jueza y, de haberse presentado un abuso, “como ella manifestó ¿cómo es que no hay nadie más que haya denunciado aquello?”, cuestionó Guzmán.
Aclaró también que los protocolos de los agentes son revisados y monitoreados por los jefes operativos y, cuando hay excesos, se genera régimen disciplinario bajo lo que determina el Coescop.
En este caso, dijo Guzmán, no se ha evidenciado nada de eso.
En total, Guzmán refirió que tienen 2 horas de grabación documentada del suceso.
Además, recordó que la jueza calificó la legalidad de la detención y, segundo, una vez revisada la evidencia, vídeos, versiones y defensa, emite su fallo de 30 días de privación de la libertad. (I)
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