Con el objetivo de reducir el hacinamiento y de separar a los miembros de las bandas delincuenciales, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) realizón nuevos traslados de presos, 300 personas fueron llevadas a la cárcel de Turi, en Cuenca.
Entre el martes 14 y miércoles 15 de abril del 2026 se llevó a cabo el traslado técnico de 300 personas privadas de libertad (PPL) desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1, en una acción articulada con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
El SNAI informó que la medida es parte de su Plan Estratégico de Intervención del Sistema Penitenciario, orientada a reducir el hacinamiento, fortalecer la gobernabilidad y restablecer el orden en los centros de privación de libertad del país.
Previo al traslado, el CPL Imbabura N.° 1 registraba una situación de hacinamiento que limitaba la operatividad institucional, afectaba las condiciones de habitabilidad y dificultaba el control interno.
“Con la ejecución de este operativo, se logra una reducción efectiva de la sobrepoblación, permitiendo recuperar condiciones adecuadas para la seguridad, el orden y la convivencia”, señaló el SNAI.
Según datos del SNAI, registrados hasta el 17 de marzo del 2026, en el CPL Imbabura N.° 1 se encontraban detenidas 619 personas, cuando la capacidad de la prisión es para 302, es decir, había un hacinamiento del 105 %.
En Turi también hay hacinamiento
Sin embargo, la situación en la cárcel de Turi no era distinta, al 17 de marzo del 2026 tenía 1623 reos, cuando la capacidad instalada es para 1362 personas, es decir, ya existía un hacinamiento del 19 %, el cual se incrementará con el traslado de los 300 nuevos presos.
El SNAI señaló que los traslados también obedecen al ámbito de la seguridad, pues constituyen una medida “clave” para debilitar estructuras del crimen organizado que operan al interior de los centros, consolidando el control progresivo del Estado sobre el sistema penitenciario.
“Esta intervención responde a criterios técnicos de clasificación, seguridad y gestión penitenciaria”, señaló la institución.
