Un nuevo episodio polémico se abrió en el ámbito electoral del país. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió ayer borrar del registro a las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye.

Esta nueva medida se adoptó en una sesión virtual que estuvo marcada por tensiones, cambios de decisión a último momento y cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.

 Desde el CNE se recordó que el proceso con las organizaciones políticas se inició en marzo, tras detectar presuntos incumplimientos legales, principalmente la falta del número mínimo de afiliados exigido por la normativa electoral.

El tablero electoral

La decisión del CNE mueve el tablero electoral rumbo a los comicios seccionales de noviembre. El proceso de cancelación tuvo un contexto de criterios divididos entre los vocales del organismo.

 Por ejemplo, en el caso de Unidad Popular, hubo un empate tras la votación inicial. Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero suplente, José Merino, votaron a favor de la cancelación, mientras que Elena Nájera y José Cabrera se opusieron en primera instancia.

Luego, en la segunda instancia y tras una solicitud de reconsideración, Nájera y Cabrera se abstuvieron, lo que dejó la resolución en manos de Atamaint, quien utilizó su voto dirimente para aprobar la cancelación de la organización política.

En cuanto al movimiento Construye, la votación fue más directa: Atamaint, Cabrera y Merino apoyaron la eliminación, mientras que Nájera, en esta votación, se abstuvo.

Las primeras reacciones

La resolución anunciada por el CNE generó una fuerte reacción desde sectores vinculados a Unidad Popular. La subdirectora nacional de esta organización, Mery Zamora García, calificó la decisión como un “pésimo precedente” para la democracia y cuestionó directamente a las autoridades electorales.

“Hoy es Unidad Popular, mañana otras organizaciones”, advirtió en su pronunciamiento público, señalando además supuestas irregularidades en la votación por parte de las autoridades del CNE. En la otra organización afectada, Construye, también hubo un pronunciamiento inmediato.

Geovanni Atarihuana, director nacional del movimiento, fue más contundente y calificó la decisión como una “vergüenza nacional”, asegurando que se adoptó “sin argumentos y fuera de tiempo”.

El argumento legal del CNE

La decisión del CNE sobre la cancelación de las dos organizaciones se produce en un contexto sensible debido al adelanto de las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026, lo que ha generado dudas sobre si el organismo actuó dentro de los plazos establecidos por el Código de la Democracia.

Incluso, la consejera suplente María Cristina Kronfle advirtió días antes que continuar con el proceso podría vulnerar el debido proceso.

La siguiente instancia que les queda a los partidos

Los representantes de ambos movimientos políticos anunciaron que, desde hoy, trabajan de inmediato para acudir a instancias legales como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional e incluso organismos internacionales para impugnar la resolución.

 Las organizaciones políticas podrán presentar un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE, que tendrá la última palabra sobre la validez de la decisión. Mientras tanto, la medida ya reconfigura el escenario político de cara a las elecciones seccionales, en medio de alianzas en construcción y un clima de creciente confrontación.

La escalada de tensiones llega en un momento crítico, debido a que la decisión del CNE se produce a escasos 217 días de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, lo que genera una presión extrema sobre los plazos procesales.

Marcha contra el CNE

Unidad Popular ha convocado a sus bases para las próximas horas. Está previsto que este lunes se lleve a cabo una rueda de prensa. Allí se detallarán las acciones legales adicionales y el calendario de próximas movilizaciones que la militancia emprenderá en las calles como medida de protesta ante lo que consideran un atropello a la democracia.

La respuesta de Unidad Popular no solo busca la restitución de su vida jurídica, sino que también pretende poner a prueba la independencia del sistema de justicia electoral frente a la cercanía del cronograma de los comicios de noviembre, según sus dirigentes.

La disputa promete agudizar la tensión institucional en el país durante las próximas semanas y en el transcurso del proceso electoral.