Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, anunció que apelará la sanción de suspensión de sus derechos políticos por seis meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género, este jueves 28 de mayo.
Zamora, en declaraciones ofrecidas este viernes 29 de mayo, señaló que se trata de una decisión en primera instancia y expresó su confianza en que la apelación sea aceptada para dejar sin efecto la sentencia.
“Esto no es un tema en contra del alcalde ni de la ciudad, es un tema en contra de la democracia del país… No es necesario tomarnos la ciudad en estos momentos…”, mencionó.
Sobre la sentencia, el burgomaestre señaló: “este es un criterio muy peregrino de un juez, a quien respetamos, pero que siempre se ha prestado para este tipo de cosas…”.
Agregó: “yo tengo la plena confianza de que los cinco jueces que conocerán la apelación actuarán apegados a derecho, de manera jurídica y, sobre todo, protegiendo lo que deben proteger: la democracia”.
Sentencia
José Chalco Salgado, PhD en Derecho, constitucionalista y catedrático de la Universidad del Azuay (UDA), explicó que la sentencia del TCE es de primera instancia, por lo que aún cabe apelación.
A decir de este profesional del derecho, la suspensión requiere de una entidad que la materialice, como el Concejo Cantonal de Cuenca o la Dirección de Talento Humano de la municipalidad; caso contrario, quedaría únicamente en registros.
Recordó que existe un precedente similar, pues Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, fue sentenciado con dos años de suspensión de sus derechos políticos por el TCE; sin embargo, continúa en funciones.
La sanción fue impuesta por cometer una infracción electoral muy grave, tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, al no asistir al debate obligatorio entre candidatos.
Abogados
Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados del Azuay (CAA), señaló que la sentencia del TCE contra el alcalde se sustenta en pruebas que determinaron actos de violencia política de género.
Indicó que la resolución dispone la suspensión de los derechos políticos por seis meses, lo que impediría al alcalde continuar en funciones y participar en una eventual reelección.
Calle explicó que la autoridad puede apelar la decisión, amparándose en el derecho constitucional a una segunda instancia, la cual deberá ratificar o revocar la sentencia emitida.
Sobre las denuncias de persecución política, el jurista afirmó que el proceso tiene una base jurídica electoral, aunque reconoció que existe un componente político por tratarse de un funcionario público.
También sostuvo que el ordenamiento jurídico no contempla excepciones para este tipo de infracciones y recordó que la Constitución del Ecuador prioriza la protección de las mujeres frente a hechos de violencia.
Denunciante
Diana González, concejala de Cuenca y demandante en el proceso, explicó que el fallo marca un precedente histórico y reveló ataques desde 2024, vinculados al inicio de una fiscalización por contrataciones para las fiestas de Cuenca.
González destacó el daño moral ocasionado a su familia y a su carrera docente. Además, insistió en que la política no justifica el acoso ni la calumnia. El fallo busca proteger a otras mujeres de agresiones similares, enfatizó.
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