La estabilidad democrática no depende únicamente de la existencia de elecciones periódicas. También exige garantías mínimas para que la disputa política ocurra sin el uso instrumental de las instituciones judiciales y electorales como mecanismos de presión, desgaste o intimidación contra actores políticos críticos o incómodos para determinados sectores de poder. Si una denuncia se convierte antes en un titular o en una herramienta de campaña que en un proceso sólidamente sustentado, el daño político ya está hecho incluso antes de que exista una resolución.

Por supuesto que toda autoridad debe estar sometida al escrutinio ciudadano y al control institucional. Eso no solo es legítimo sino indispensable en democracia. Sin embargo, existe una diferencia peligrosa entre fiscalizar y utilizar denuncias apresuradas o débiles con finalidades esencialmente políticas o electorales. 

En el caso del alcalde Cristian Zamora, varias denuncias impulsadas ante el Tribunal Contencioso Electoral fueron archivadas por falta de sustento o por inconsistencias procesales. Queda pendiente todavía la denuncia por presunta violencia política, proceso que deberá ser probado y sustentado conforme corresponde en derecho. Hasta entonces, mantener una especie de incertidumbre permanente sobre la viabilidad electoral de una candidatura no solo condiciona el escenario político local, sino que instala un clima de sospecha y confrontación anticipada.

Cuenca permanece a la expectativa de lo que suceda en la papeleta electoral y de cómo terminarán resolviéndose estos procesos. Esa incertidumbre no contribuye a fortalecer el debate democrático ni ayuda a consolidar reglas claras para la competencia política. En un país donde la institucionalidad sigue siendo frágil, convertir al sistema judicial y electoral en un campo de batalla política puede terminar debilitando precisamente aquello que debería proteger: la confianza en la democracia.