Que dos adolescentes de 15 y 16 de edad hayan asesinado a un hombre ni bien desembarcar, procedente de Centroamérica, en el aeropuerto de Guayaquil, confirma que los grupos criminales siguen tratando de imponer su “ley”, pese a las constantes declaratorias del estado de excepción y toques de queda.

Según Policía Nacional, las bandas criminales los reclutan en las barriadas pobres que abundan, en especial en las provincias de la Costa, la región más asediada por el narcotráfico y otros delitos asociados a la violencia criminal.

Forman parte de familias extremadamente pobres. Sobreviven sin los servicios públicos, sin acceso a educación a salud, educación, o, si los tienen, resultan precarios; en decir, casi que olvidados por el Estado.

En tales condiciones, matar a una persona por 200, 500, 1.000, 2.000 dólares les resulta “atractivo”. Y, sin que lo sientan, ya son parte de las bandas. Salir de ellas les cuesta la vida.

Los grupos delictivos los reclutan porque saben que los menores son inimputables penalmente. No van a la cárcel. Son juzgados por un sistema especializado de justicia juvenil que aplica medidas socioeducativas, priorizando su reintegración y rehabilitación, algo que, salvo una que otra excepción, no funciona.

Sobre el crimen en el aeropuerto, la víctima, jefe de una banda delictiva, según el ministro del Interior, Jhon Reimberg, tenía un largo historial delictivo. Se movilizaba sin ningún problema.

El asesinato del que habría sido líder de una banda delictiva, obedece a un “trabajo de inteligencia” de sus rivales. Bien podría incluir la táctica de que los menores lo maten antes de que salga a la calle, aun sabiendo que ellos no podrían darse a la fuga. ¿Los “sacrificaron”?

Que, en un ramo de flores, el adolescente esconda su arma asesina resulta escalofriante, una prueba de que el Estado es incompetente e impotente a la vez. Los hechos sobran para decirlo a viva voz.