Cinco alcaldes están detenidos, uno de ellos en la cárcel del Encuentro, por presunta corrupción en ejercicio de sus funciones, o antes incluso.

Desde este lunes, el de Machala, Darío Macas, engrosa el listado.

Las detenciones son mediatizadas con todos los aditamentos: videos y fotografías de los allanamientos a domicilios de los sospechosos, por lo general a altas horas la noche o de la madrugada, y exigidos a tumbarse al piso. 

Casi todos los dirige el ministro del Interior, John Reimberg, cuyas declaraciones dadas de inmediato resumen que la intervención es producto de investigaciones realizadas por Fiscalía, la UAFE e informes de auditorías efectuadas por la Contraloría. El denominador común: presunto enriquecimiento ilícito de los alcaldes.

Semanas atrás se difundió un listado de alcaldes y prefectos cuyos patrimonios se incrementaron de manera inentendible en comparación son sus ingresos en los últimos años, o con los cuales llegaron a los cargos y los declararon ante la Contraloría. 

Podría colegirse que, comunicacionalmente, se preparó el camino para las detenciones; es más, para que la ciudadanía las justifique.

Empero, por encima de esa y de otras elucubraciones, que incluyen aquellas de que se trataría de “persecución política”, quienes viven en las ciudades cuyos alcaldes están en la cárcel, así sea para investigarlos o aún no estén sentenciados, conocen sus “tejemanejes” y los lujos que se dan.

La ciudadanía, no ahora, siempre, cree que los políticos “entran para robar”. Por eso reniega de la política, cuando debe ser lo contrario.

Claro, nunca han faltado funcionarios elegidos que convirtieron sus cargos en fuente para enriquecerse robando fondos públicos; al igual que ministros de Estado de todas las épocas u otros de menor jerarquía, si bien, en varios casos, han sido protegidos y gozan de impunidad

Así el país se aproxima a elegir alcaldes y prefectos. Qué coincidencia.