La vulnerabilidad es la peor debilidad en el Ecuador cuando ocurren fenómenos naturales como el de El Niño. Su presencia está casi que asegurada según los reportes oceanográficos.

Las lluvias podrían desatarse incluso en los últimos meses de 2026, siendo más torrenciales en los primeros de 2027.

Literalmente, la naturaleza anuncia su presencia, no así sus efectos y secuelas.

Y efectos y secuelas dependerán de cuan preparados estarán para enfrentarlos quienes habitan en las diversas zonas, sobre todo las asentadas en el litoral, donde las inundaciones marcarán la diferencia.

Por sí solos, ellos tampoco podrán hacer mayor cosa si las instituciones responsables de asumir acciones y de prevenir los riesgos no actúan a tiempo.

Entre esas instituciones están los gobiernos autónomos descentralizados. Ya fueron exigidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para que planifiquen los trabajos a ejecutar, como el dragado de ríos, limpieza de sumideros, de quebradas; evitar fosas donde puede acumularse el agua, fuente de enfermedades virales. En fin, el listado es amplio.

Tales exigencias están bien, pero desde ya deben comenzar a ejecutarse, empezando por destinar los presupuestos, si es posible mediante acuerdos de cooperación entre los GAD vecinos.

No perder de vista a los potenciales damnificados y evacuados, en cuyo caso conviene, desde ya, preparar los centros de alojamiento temporal, incluyendo la alimentación.

Si los GAD cantonales tienen tan grande tarea por delante, igual la tiene el Gobierno central.

Si los gobiernos locales tienen que ver en cuanto a vialidad rural, otro de los sectores que será afectado, el central deberá preocuparse de la red vial estatal. Que no se le olvide.

Ojalá el celo político, la ojeriza política, el hecho de tener autoridades seccionales electas, no incidan; peor que la vulnerabilidad sea la puerta abierta para que El Niño haga de las suyas.