Mientras se amplificaba la exigencia para que el IESS sea sometido cuanto antes a profundas reformas estructurales, el Gobierno Nacional dejó atónitos al proponer la venta de sus activos.

Nada más decirlo, y de inmediato brotaron las voces en contra, entre ellas las de los sectores gremiales, dirigentes sindicales y de organizaciones ligadas a la defensa de la seguridad social.

Según la Constitución, el IESS es una entidad autónoma. Por lo tanto, el Gobierno no puede disponer de sus bienes, tal como lo planteó el presidente Daniel Noboa.

Se trata de un patrimonio que pertenece, única y exclusivamente a los afiliados.

Según Noboa, la venta de los bienes inmuebles, que bordearían los 1400, generaría no menos de USD 2.000 mil millones de liquidez para el Instituto.

Y, precisamente, la falta de liquidez, producto de la millonaria deuda del Estado, de la morosidad patronal, del descuadre entre el número de aportantes y de los jubilados, han puesto al IESS, en especial al Fondos de Pensiones y al de Salud, al filo de abismo financiero.

En el supuesto de que, pese a las protestas, a posibles demandas de inconstitucionalidad, se concrete la propuesta gubernamental, el alivio financiero para nada resolverá el problema de fondo.

Al contrario, lo postergará, mientras seguirá en letra muerta el plan esbozado por una comisión conformada durante el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso para impedir que el IESS ruede por el despeñadero.

Además, desde ya se pone en alerta sobre el avalúo real de lo bienes inmuebles; pues no han sido valorados cada cinco años según dispuso la Superintendencia de Bancos en 2017.

O que también sean vendidos a precios irrisorios, como ocurrió con el hotel Quito.

La vida del IESS, léase la de los afiliados, jubilados, pensionistas, rebaza cualquier medida temporal, cuando lo que se quiere es enfrentar las causas que originan la crisis. No al revés.