El nuevo alcalde de Cuenca deberá decidir si utiliza o no el vehículo blindado Chevrolet Tahoe (año 2024), que tiene la Alcaldía de Cuenca y que permanece estacionado sin uso.
En abril de 2024 lo compró Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, quien está suspendido. Costó 203.320 dólares, un monto que generó intenso debate público por el uso de recursos estatales en medio de restricciones económicas.
Estuvo destinado al transporte y la seguridad del entonces alcalde, bajo el argumento de riesgos para su seguridad personal, pues el burgomaestre denunció amenazas a su integridad.
En diciembre de 2025, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió y aprobó los resultados oficiales de un examen especial enfocado en los contratos del Municipio de Cuenca, que incluía la adquisición de este automotor.
Dicho informe determinó la existencia de indicios de responsabilidad relacionados con el proceso de contratación del blindado y sugirió sanciones administrativas a los funcionarios involucrados.
Cuando Marisol Peñaloza asumió la Alcaldía de Cuenca, anunció que no utilizará este blindado ni contará con un equipo de guardaespaldas, porque considera que no tiene amenazas contra su seguridad.
Ambulancia
Frente a la polémica compra de este vehículo blindado, diversas reacciones políticas han surgido en el escenario de estas Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Uno de los actores que ha cuestionado duramente esta adquisición es el candidato a la alcaldía Leonardo Morales, del partido Avanza (Lista 8). Propone un destino totalmente distinto para el costoso automotor.
Según ha manifestado en su discurso de campaña, en caso de ganar las elecciones y llegar a presidir el municipio, el polémico carro blindado no será utilizado por él.
Su planteamiento central consiste en transformar o destinar este vehículo de alta gama para que sirva de manera prioritaria como una ambulancia al servicio de los ciudadanos.
Jurídico
Para Francisco Orellana, abogado y analista político, retirar el blindaje y cambiar la función del vehículo no sería jurídicamente posible, pues fue adquirido para un propósito específico.
El jurista explicó que la compra se sustentó en un informe técnico que determinó la necesidad y finalidad del bien. Por ello, considera que no podría modificarse su función.
Orellana comparó este caso con el debate sobre los últimos radares de Cuenca, cuya función también fue cuestionada después de cambios respecto del propósito con el que fueron adquiridos.
Según el analista, modificar la finalidad de un bien público sin considerar el informe técnico que sustentó su adquisición puede generar observaciones de los organismos de control.
Por ello, considera que la propuesta de utilizar el blindado como ambulancia carece de sustento legal. A su juicio, el planteamiento responde más al escenario electoral que a una posibilidad administrativa real.
Orellana señaló que en campaña pueden surgir propuestas de alto impacto destinadas a captar la atención de los electores, pero sostuvo que estas deben ser revisadas desde su viabilidad jurídica.
Recomendación
En contraste, Guillermo Cobo, excoronel de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y comandante de la Guardia Ciudadana de Cuenca (GCC), considera que el vehículo debe ser utilizado, debido a que representa una inversión ya hecha.
Cobo sostuvo que, una vez adquirido el blindado, el municipio debe aprovecharlo y no mantenerlo estacionado. Para él, la seguridad debe tener prioridad frente al ahorro generado por dejar de utilizarlo.
El comandante, quien además es consultor en temas de seguridad, señaló que el gasto adicional que implique su movilización, incluido el combustible, no debería ser el factor principal para decidir si se utiliza.
Desde su perspectiva, el vehículo podría ser empleado especialmente en momentos en que existan condiciones difíciles para la seguridad de la ciudad o de sus autoridades.
Cobo aclaró que esta es su posición personal y que la decisión corresponde a Peñaloza. Sin embargo, adelantó que planteará esta alternativa a la administración municipal.
El excoronel considera que los responsables de asesorar en seguridad deben presentar recomendaciones, mientras que la autoridad municipal debe evaluar esas opciones antes de tomar una decisión.
Adquisición
Milton Benítez, también excoronel de las FF.AA. y exgobernador, tiene una posición diferente sobre el origen de la polémica. A su criterio, el blindado nunca debió ser adquirido.
Benítez sostiene que una decisión de este tipo debería sustentarse en una evaluación oficial de riesgo hecha por las autoridades competentes en materia de seguridad.
Explicó que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior evaluar el nivel de riesgo de una autoridad y, con base en ese análisis, determinar si requiere medidas especiales de protección.
Sin embargo, considera que, una vez adquirido el vehículo, mantenerlo sin uso también representa una pérdida para el Municipio, porque el automotor se deprecia mientras permanece estacionado.
Benítez señaló que venderlo tampoco sería una solución sencilla, debido a los procedimientos que debe cumplir una institución pública para desprenderse de un bien adquirido con recursos estatales.
Por eso, aunque cuestiona la compra, considera que la Alcaldía debería evaluar la utilización del blindado para evitar que pierda valor y termine representando una mayor pérdida económica para la ciudad.
El debate, así, queda abierto entre quienes plantean mantener el vehículo como recurso de seguridad y quienes consideran que debe buscarse otro uso para un bien público que permanece sin utilización.
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