El presidente Daniel Noboa, en menos de un mes desde su posesión, ha remitido a la Asamblea Nacional tres leyes de carácter económico urgente, es decir que, deben ser tramitadas en menos de 30 días en el Legislativo. Su último proyecto es la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, el cual permite el manejo privado de estos sectores.
El proyecto de ley cuenta con cinco artículos y una disposición general, en esta última se perdona el 100 % de las multas que los pescadores artesanales tengan por el arrendamiento de la infraestructura de los puertos.
El objetivo principal de la ley es establecer mecanismos para la protección, reactivación económica y sostenibilidad de las Áreas Protegidas del Ecuador; además de impulsar el turismo ambiental y ecológico, como motor del desarrollo local; que incluyen la inversión privada, nacional o internacional.
Justificación para reformar la ley de áreas protegidas
En el argumento de la ley planteada por el Gobierno se establece dos justificaciones: la primera es que el Estado no tiene dinero para invertir en las áreas protegidas y la segunda es que estas zonas están siendo usadas por los grupos delincuenciales como fuentes de financiamiento ligadas a varias de sus actividades ilícitas.
Para proteger y potenciar las 7.465.637 hectáreas de áreas protegidas que tiene el país se requieren recursos económicos, con los que el Estado no cuenta, debido a la contracción económica que enfrenta el país desde la pandemia de la COVID-19.
“Esto ha ocasionado que la conservación de las áreas naturales, no cuenten con los recursos necesarios para su atención y conservación adecuada, conforme al mandato constitucional”, se recalcó en el argumento de la ley.
Además, los lugares que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas no están exentos de la presencia de los grupos delincuenciales que imperan en el país, en estos sitios desarrollan actividades relacionadas con minería y pesca ilegal, caza furtiva, tráfico de especies exóticas y tala indiscriminada.
Autorización de la inversión privada
Actualmente, el Código Orgánico del Ambiente establece que es el Estado el que debe asignar los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En la reforma se propone que el modelo de gestión de las áreas protegidas podrá optar por la gestión directa, o a través de mecanismos contractuales de intervención, administración y operación del sector privado, nacional o internacional.
“Es apremiante promover una alternativa económica-financiera que aliente la inversión privada o externa, y que permita el establecimiento de un modelo autosustentable para cuidar los recursos no renovables de nuestro país, garantizar la seguridad y un control adecuado de las actividades que se desarrollan en el Sistema”, se recalca en la normativa.
La propuesta del Gobierno busca que el sector privado refuerce la infraestructura y conectividad en las áreas protegidas, para que se incentive el desarrollo del turismo.
Adicionalmente, para garantizar la seguridad, los administradores podrán solicitar la protección de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas; actualmente quienes cuidan estas zonas son los guardaparques.
Observaciones a la norma
La primera voz en contra de la norma que el Gobierno pretende que la Asamblea apruebe vino de la nacionalidad kichwa de Pastaza, su presidente, Luis Canelos, señaló que el objetivo del Gobierno es privatizar y militarizar sus territorios, lo cual no están dispuestos a permitir, pues se vulneraría sus derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
“Este proyecto que se pretende aprobar en silencio y sin participación, afecta directamente nuestros derechos colectivos, a no ser desplazados de nuestros territorios ancestrales y a conservar nuestras prácticas de manejo del entorno natural”, advirtió Canelos, quien se dirigió al asambleísta José Nango, asambleísta de Pachakutik por Pastaza, al que le exigió votar en contra del proyecto.
En la Asamblea el sector de Pachakutik opositor al Gobierno no está dispuesto a apoyar el proyecto, así lo señaló Dina Farinango; en la misma posición está la Revolución Ciudadana, la legisladora Ana Herrera advirtió que se pretende privatizar los recursos naturales que son de los ecuatorianos.
